Balsa que protagonizó accidente en San Rosendo no contaba con los permisos para operar

Este viernes se constituyó, en Concepción, una mesa técnica de trabajo que incluirá a representantes del Gobierno Regional, la Autoridad Marítima y representantes de las Municipalidades de Santa Juana y San Rosendo, para evaluar y determinar normativas en cuanto al funcionamiento de las tradicionales balsas que operan para cruzar el río Biobío.

Dichas embarcaciones data de muchos y permite que vecinos de la comuna ferroviaria crucen el curso fluvial y arriben a Santa Juana, en la provincia de Concepción. Hacer dicho trayecto por tierra demoraría más de una hora extra.

El tema cobró importancia después del fatal accidente ocurrido en vísperas de año nuevo cuando dos hermanos adultos mayores fallecieron ahogados. Ellos iban a una camioneta que era trasladada en una balsa, la cual, por razones que se desconocen, cayó a las aguas del río Biobío.

Por lo pronto, ya se iniciaron las investigaciones de las autoridades competentes para determinar las causas y establecer responsabilidades en el fatal desenlace.

Al respecto, desde la Delegación Presidencial Provincial se confirmó que “el equipo de nuestra delegación junto a la delegación regional, encabezados por Daniela Dresdner, el alcalde de San Rosendo, la alcaldesa de Santa Juana y la Gobernación Marítima, llevaron a cabo una reunión donde se acordó establecer una mesa de trabajo que estuviese conformada por estas instituciones además de la Seremis de Obras Públicas y de Transportes para planificar y buscar una solución en el mediano y largo plazo”.

“Las balsas siguen funcionando pero con una fiscalización constante de la Gobernación Marítima, carabineros, PDI o el Servicio de Impuestos Internos”, aseguró la delegada Paulina Purrán.

LA AUTORIDAD LOCAL

En conversación con diario La Tribuna, el alcalde de San Rosendo, Rabindranath Acuña, se refirió a lo ocurrido por el uso de las balsas para conectar su comuna con Santa Juana por el río Biobío.

“Se analizaron las ventajas y la necesidad social que tiene principalmente el sector de Santa Juana en relación a tener esta conectividad y mantenerla en el tiempo. Sin embargo, todos concluimos en que hay que fortalecer protocolos para cumplir con la seguridad, que en el caso de los mares esto está asegurado por el accionar de la Gobernación Marítima con fiscalizaciones y también los permisos”, declaró el jefe comunal.

Sin embargo, en el caso del río Biobío, “al no estar catalogado como navegable, la Gobernación Marítima lo único que hace es - de acuerdo a los requerimientos exigidos- , catalogar o autorizar las embarcaciones y también a quienes tripulan estos navíos, es decir, los patrones de las lanchas”.

Respecto a las fiscalizaciones a las embarcaciones, el edil precisó que a petición de los municipios de San Rosendo y Santa Juana, hubo fiscalizaciones y se conocieron los requerimientos de los mismos “lancheros”. Sin embargo, añadió, “algunos cumplieron, tanto así como para decir que cuatro en su momento calificaron las lanchas para obtener licencias y también cuatro personas dieron las pruebas para ser patrones de lanchas, pero ese proceso aún no está terminado.

De esta forma, la verdad es que ellos en estos momentos están incumpliendo la normativa”, sentenció.

Diario La Tribuna se contactó con representantes de la Autoridad Marítima de Coronel, quienes indicaron que como el río Biobío no está catalogado como navegable, por temas de jurisdicción no les corresponde fiscalizar ni otorgar autorizaciones para la operación de embarcaciones, sino que solo entregar licencias para uso de navíos.

Al respecto, aunque el alcalde sanrosendino afirmó que “esa es la versión formal”, en la práctica “sí han fiscalizado ese transporte porque ellos tienen la facultad de autorizar las embarcaciones que se ocupen dentro de la zona del Biobío, es decir, en la región”.

En ese contexto, sostuvo que “de acuerdo a esta normativa, si hay una embarcación, ésta debe contar con los patrones de lancha en procesos de acreditación para sacar permiso de conducir, básicamente. Me atrevería a decir que la lancha que operó ese día, a pesar de que no lo hablamos en específico, no tenía los permisos porque se nos dijo fue que luego de levantados los procedimientos para autorizar lanchas y patrones, éstos no habrían cumplido en el tiempo. O sea estamos hablando de un servicio que es irregular pero que está valorado por la comunidad y que es necesario”.

Además, Acuña puso énfasis en que el servicio transporta a vecinos que están mucho más cerca de las comunas de San Rosendo y Laja y no de su cabecera comunal que es Santa Juana: “mucha de su actividad productiva está en estas comunas, las ventas de sus productos. Además, en el pasado incendio se valoró mucho más el servicio porque las personas tuvieron que arrancar de ese lugar y justamente fueron los balseros los que sacaron a esas personas de ahí”.

VALORACIÓN CULTURAL Y SOCIAL DE LAS BALSAS

Las balsas fueron la primera vía de evacuación de esas personas afectadas por el incendio forestal y también para el ingreso de personal de apoyo como bomberos de San Rosendo.

Sobre lo conversado en relación a la tragedia que cobró la vida de dos hermanos el pasado 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, el alcalde Acuña dijo que “sucedido el accidente, evidentemente hay que tomar cartas en el asunto. Nos llamamos con los alcaldes para dar pasos en cuanto a solucionar esto y se hará una ordenanza comunal de arribo de embarcaciones hacia las orillas de cada una de las comunas involucradas (Santa Juana y San Rosendo) que son bienes nacionales de uso público. Además, esa normativa la vamos a homologar a lo que solicita la Gobernación Marítima que son todas esas condiciones que deben tener las barcazas y también los requerimientos para los tripulantes y auxiliares”.

Según el edil, a ambas comunas les interesa prontamente regularizar el servicio pero aseguró que aunque se valora lo hecho, “no estamos dispuestos a transar con la vida de las personas. Si queremos el servicio, que tenga condiciones porque no transaremos la vida de las personas. Esto significa que vamos a darnos un tiempo, que no debería superar los tres meses, para que cumplan sino vamos a actuar con toda la fuerza que nos entrega esta normativa que crearemos como municipio”.

No obstante, en la reunión de conformación de la mesa técnica la gobernación marítima se comprometió a hacer fiscalizaciones durante el transcurso de dos años.