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El escenario epidemiológico de la influenza aviar de alta patogenicidad ha sufrido una transformación estructural a nivel mundial y nacional. La transición de un problema acotado a planteles domésticos hacia una presencia constante en la fauna silvestre obliga a replantear los esquemas sanitarios. En este panorama, la vacunación se consolida como una herramienta complementaria para reducir la mortalidad y la presión viral, aunque su efectividad depende de la bioseguridad auditable, diagnósticos diferenciados y una vigilancia permanente adaptada a Chile.
Durante décadas, el combate contra la influenza aviar se abordó mediante la detección de focos, sacrificio sanitario, restricción de movimientos y recuperación del estatus zoosanitario. Sin embargo, la cepa H5N1 modificó la transmisión. Al circular en aves silvestres y migratorias, el virus se reintroduce continuamente en entornos productivos, dificultando el control tradicional.
Datos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) indican que desde 2005 más de 500 millones de aves han muerto o sido eliminadas mundialmente por esta patología. Esto llevó a la OMSA a permitir estrategias de vacunación acopladas a vigilancia sanitaria.
Técnicamente, la vacuna no constituye una solución independiente ni esterilizante. Disminuye la sintomatología clínica, mortalidad y excreción viral, pero no impide que la enfermedad recircule de forma silenciosa si no existen herramientas diagnósticas para diferenciar aves vacunadas de infectadas. Sin diagnóstico integrado, la efectividad disminuye.
Frente a experiencias internacionales, especialistas destacan que Chile no debe copiar automáticamente modelos extranjeros, sino adaptar vivencias a la realidad local. El país combina una industria avícola tecnificada y autoridades experimentadas con extensa geografía, producción de traspatio y contacto con avifauna silvestre.
En la Región del Biobío, humedales y cuerpos de agua favorecen la permanencia de aves silvestres cerca de productores. Esta interacción exige que la vigilancia no se restrinja a granjas comerciales, sino que conecte a la fauna silvestre y al traspatio.
Antecedentes de la crisis de 2022 y 2023 reflejan la magnitud del desafío: se registraron más de 100 mil aves silvestres afectadas de 52 especies, cerca de 170 criaderos de traspatio y más de una decena de establecimientos comerciales. Además, provocó el cierre de entre 75 y 78 mercados de exportación. Por ello, de incorporarse la vacunación, se requiere definir objetivos precisos, poblaciones delimitadas y criterios de salida claros.
Resultados en países como Francia muestran que vacunas actuales son efectivas para disminuir el impacto de brotes. Sin embargo, la efectividad depende de la correspondencia antigénica con el virus circulante, calidad de aplicación, edad e inmunidad del ave, y cobertura homogénea.
En avicultura comercial el reto radica en aplicar millones de dosis, mientras que en traspatio el obstáculo es la dispersión geográfica y la falta de un catastro completo.
El mayor costo de un programa de inmunización no reside en la dosis, sino en la logística y el diagnóstico. Esquemas como el sistema DIVA (Diferenciación de Aves Infectadas y Vacunadas) exigen muestreos semanales por PCR en aves muertas y vacunadas. En Europa, estos procesos alcanzan costos cercanos a 1,6 euros por ave, donde la logística representa el desembolso principal. Por ello, resulta indispensable definir el financiamiento de la vigilancia.
La bioseguridad es la primera línea de defensa para prevenir el ingreso del virus. Mientras la inmunización mitiga daños ante una incursión, la bioseguridad evita la entrada del patógeno. Para ser efectiva, debe ser concreta y auditable, abarcando controles de acceso, separación de zonas limpias y sucias, desinfección, protección de agua y alimento, control de plagas y manejo de mortalidades.
En segundo lugar, la detección temprana es crucial. Productores deben notificar con celeridad incrementos en mortalidad, caídas en consumo de alimento, reducciones en postura de huevos, signos respiratorios o neurológicos y alteraciones en calidad del huevo. La rapidez de aviso al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) permite intervenir antes de la propagación. El SAG dispone de manuales de bioseguridad para el sector comercial y familiar, configurando una herramienta clave para la prevención.
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