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La revelación sobre una inminente disminución de las vitales fiscalizaciones a los camiones madereros en las diversas rutas principales y secundarias de La Araucanía encendió de inmediato todas las alarmas en la industria. La polémica medida, originada por el colapso de recintos para albergar maquinaria incautada en procedimientos policiales, generó el rápido rechazo de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag). René Muñoz, gerente del gremio, criticó fuertemente la decisión en una entrevista, argumentando que el Estado no puede frenar la aplicación de la ley por un obstáculo logístico, justo cuando la inédita coordinación había logrado acorralar mafias y reducir este millonario ilícito a niveles históricos en la región.
El conflicto cobró notoriedad tras revelarse en la prensa que Carabineros informó oficialmente a la Seremi de Seguridad su imposibilidad material de mantener los controles viales regulares, dado que las comunas de la zona carecen de espacio disponible para guardar los grandes camiones de carga decomisados.
Ante el enorme revuelo público y los posibles roces interinstitucionales que generó la medida, el seremi de Seguridad de La Araucanía, Israel Campusano, debió salir a aclarar que no existe molestia alguna ni reparos con el intenso trabajo que despliegan las policías. La autoridad detalló que el único obstáculo real es la crítica falta de aparcaderos, una severa traba preventiva que incluso los llevó a consultar formalmente a la Contraloría General de la República quién debe administrar estos recintos colapsados.
Para Acoforag, las diversas justificaciones operativas y logísticas esgrimidas por el Gobierno de turno no son en absoluto un respaldo suficiente para tomar la lamentable determinación de suspender una tarea policial que resulta absolutamente crítica para la subsistencia del rubro.
A su juicio, el ilícito persiste de manera latente en el territorio y requiere de vigilancia inquebrantable. Por lo mismo, advierte que abandonar los exhaustivos controles podría ser interpretado por los grupos criminales como un permiso de libre tránsito para operar a gran escala.
El problema estructural del acopio de los vehículos requisados se vuelve aún más complejo al analizar la verdadera magnitud del entramado criminal. Muñoz fue enfático al detallar en el diálogo que el robo de madera no abarca únicamente a camiones en tránsito por vías públicas, sino que engloba una sofisticada cadena delictual que nace al interior mismo del bosque.
Para desarticular este fenómeno, las fuerzas de orden confiscan maquinaria especializada y aserraderos portátiles. Toda esta infraestructura ligada al delito debe ser enviada a corrales. Para mitigar esta saturación sin ceder terreno al crimen organizado, el gremio sugiere optimizar recursos de forma inteligente: las policías no requieren vigilar cada vía rural, sino que la clave radica en posicionarse en rutas troncales que conducen ineludiblemente a los grandes centros de consumo.
A pesar del traspié logístico, la industria destaca avances verdaderamente contundentes en esta materia. Según los datos entregados por el gerente de Acoforag, el ilícito maderero ha evidenciado un retroceso extraordinario de entre un ochenta y un noventa por ciento en comparación al violento escenario vivido hace cinco años.
Este radical descenso tiene como pilar la ley del 2022, una normativa moderna que facilitó una profunda integración de protocolos, controles y trazabilidad entre entes como la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Servicio de Impuestos Internos (SII), Carabineros y las propias empresas afectadas.
Validando este exitoso modelo, el sector productivo aguarda que esta misma voluntad legislativa logre proyectarse a corto plazo para mitigar otra gran crisis que castiga a la zona. "Esperaríamos que eso también se pueda extrapolar a la violencia rural que destruye nuestros equipos", concluyó Muñoz, apelando al Estado para frenar la grave problemática de seguridad que golpea a sus trabajadores desde el año 1997.
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