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Si bien la secretaria de Estado indicó que la medida contemplaría "algunas" comunas y que su aplicación debe ser analizada junto con las autoridades y los jefes de la Defensa Nacional, los gremios forestales y madereros rechazaron de plano la propuesta.
Para la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal (Fenasitransfor), el estado de excepción debe mantenerse en las condiciones actuales, por el riesgo de que se produzcan más muertes de conductores y trabajadores forestales.
Su presidente, Heriberto López, aseguró que el escenario de controles y vigilancia ha permitido desarticular grupos que nada tienen que ver con los comuneros de la zona y que, de alguna forma, han conseguido criminalizar aún más la lucha territorial del pueblo mapuche.
Frente a la situación, el dirigente hizo un llamado tanto al Gobierno como al Poder Judicial a reconsiderar sus políticas de persecución y encarcelamiento de los líderes del pueblo mapuche y a iniciar, de una buena vez, un proceso de reencuentro y paz entre la nación mapuche y el Estado.
El presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, Antonio Soto, puntualizó que la decisión sería "muy apresurada", ya que aún se registran ataques incendiarios con claras intenciones.
A juicio del representante, el estado de excepción ha sido una herramienta efectiva para disminuir los hechos de violencia en la macrozona sur. Sin embargo, indicó que es "lamentable" que la violencia siga latente, con claros actos de intencionalidad en los incendios.
Soto detalló que la situación no solo afecta al sector forestal, sino que impacta transversalmente a todos los sectores productivos como la agricultura, la salmonicultura, la construcción, el transporte, el turismo, el comercio y también a servicios esenciales como la salud rural y otras instituciones públicas.
Desde la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), su presidente, René Muñoz, planteó que mientras el Estado no tenga la voluntad de perseguir a los autores de hechos de violencia, no es aconsejable retrotraer el estado de excepción constitucional. Por el contrario, el directivo llamó a reforzar las acciones por medio de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y de la Ley de Infraestructura Crítica.
Para Muñoz, una vez que se refuerce y se dé con los autores de los atentados, recién podría comenzarse a hablar de una retirada progresiva. "La ministra no sufre lo que han sufrido los contratistas y los trabajadores forestales", acusó.
El presidente de Acoforag aseguró que las estadísticas pueden ser "un poco mentirosas" dada la contracción de las actividades económicas. "Cuando se habla de que en Arauco se ha reducido la violencia, resulta que la mitad de la provincia no tiene trabajo forestal y no hay máquinas para quemar", justificó.
Por el contrario, Muñoz recomendó leer las estadísticas con mirada crítica y consultar con las personas adecuadas respecto de lo que está ocurriendo.
Cabe destacar que el estado de excepción constitucional en la macrozona sur de Chile se instauró oficialmente en 2021, con decretos que comenzaron a fines de octubre y que afectaron a las provincias de Malleco, Cautín, Arauco y Biobío para controlar la violencia. Durante el actual periodo, las prórrogas datan desde mayo de 2022.
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