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La propuesta establece un marco legal con miras a reconocer, calificar y reparar —si corresponde— a "personas afectadas por acciones de violencia relacionada con el conflicto intercultural y territorial" en las zonas mencionadas.
Además, define el concepto de violencia y amplía su alcance más allá de hechos tradicionalmente asociados a la denominada violencia rural, incorporando también expresiones de violencia institucional, así como impedimentos a la libre circulación y desarrollo de actividades educacionales, económicas, religiosas o espirituales.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, el proyecto establece la reparación de las víctimas por afectaciones físicas, psíquicas, patrimoniales, culturales y sociales, "cuyas soluciones trascienden la compensación económica e incluyen acciones de reposición de actividades sociales e intervenciones colectivas de contención y prevención de la violencia, así como iniciativas de concientización, memoria, promoción del diálogo y fortalecimiento de la convivencia".
Se propone además crear una comisión que califique la condición de víctima, implementar un programa que coordine y ejecute acciones de atención, acompañamiento y reparación integral, y establecer un catastro oficial para inscribir a quienes califiquen como afectados.
Desde la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal (Fenasitransfor), su presidente, Heriberto López, fue enfático al señalar que, cuando se propuso integrar a los trabajadores afectados por hechos de violencia rural, existió una negativa.
El dirigente aseguró que el Estado solamente se preocupó de devolverle a los empresarios las maquinarias y herramientas afectadas.
Para López, hubo todo un "juego político" en esto, donde muchos se beneficiaron de lo que ha ocurrido hasta ahora con las propias presiones que se ejercían desde el Gobierno.
Por lo anterior, se mostró escéptico respecto de las posibilidades de cambio y, aún menos, con el nuevo parlamento que asumirá en marzo.
"Yo creo que, ni por muchas buenas intenciones que haya en este proyecto de ley, se va a ver, como muchos otros, entrampado", aseveró.
Heriberto López insistió en que se siguen sintiendo, como trabajadores, "usados" en un conflicto que involucra a trabajadores, pero que —según él— no tiene que ver con ellos, sino más bien con cosas que sucedieron en el pasado.
La diputada por el distrito 21 Joanna Pérez (Demócratas) reconoció no tener suficiente confianza en la presentación de este proyecto de ley por parte del Ejecutivo, sobre todo porque ocurre a meses de entregar el mando al nuevo gobierno.
Para la legisladora, integrante permanente de la comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara Baja, se debe revisar la letra chica del proyecto para saber qué interpretación e ideología contiene.
Joanna Pérez criticó que el Gobierno "se ha negado a entregarlos y, por lo tanto, será un tema que ya defina el próximo parlamento y gobierno".
Su compañera en la Cámara de Diputadas y Diputados, Flor Weisse (UDI) considera que la presentación del Ejecutivo es tardía, dado que, a su parecer, debió hacerse al inicio del mandato.
Para la parlamentaria de oposición, resulta inexplicable que esta iniciativa —que debió ser prioritaria hace mucho— se impulse cuando quedan días para terminar el mandato, lo que plantea dudas sobre la voluntad política real de enfrentar de manera consecuente este drama social.
"Aun así, nos comprometemos a sacar adelante esta ley en el Congreso, porque es indispensable brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas de la violencia en la macrozona sur, que han sufrido tanto dolor y ataques a lo largo de décadas", señaló Weisse.
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