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El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, valoró el reciente fallo de la Corte Suprema que ratificó la decisión de la cartera de suspender la subdivisión de terrenos donde se podría cambiar el uso del suelo de su destino agrícola.
La acción fue presentada contra la secretaría de Estado y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) por un grupo de inmobiliarias con proyectos habitacionales en sectores rurales.
A juicio del personero de gobierno, el dictamen el máximo tribunal del país traería consigo el ordenamiento territorial.
La Corte Suprema confirmó "la sentencia apelada de fecha veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago" que rechazaba los recursos de protección presentado por empresas inmobiliarias en contra del Ministerio de Agricultura y del SAG por la circular que fijó nuevos criterios para el otorgamiento de permisos para la subdivisión de predios rústico, denominadas "parcelas de agrado".
Según Valenzuela, "ambos fallos han sido categóricos, tanto de la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema. Lo que es categórico es que con esto ‘se termina con la chacota’, como dice el chilenismo, arbitraria e ilegal".
"Permitir loteos brujos bajo una figura que no dialogaba con ninguna de las leyes de la República, que están por sobre esto", dijo el jefe de la cartera.
Valenzuela valoró el que "felizmente, en un proceso de diálogo que hemos iniciado con el ministro (Carlos) Montes, se acercó este grupo de inmobiliarias, Chile Rural, a entregar una propuesta".
"Desde antes se ha empezado a tener niveles de acercamiento y espero que ocurra lo mismo con parlamentarios", explicó la autoridad en relación al trabajo con los distintos actores para solucionar el conflicto originado por la proliferación de loteos en zonas rurales, luego de diferentes episodios que impulsaron el éxodo desde las ciudades a los campos.
Sobre el trabajo con el Congreso para desentrampar las dificultades en el sector inmobiliario con miras a sectores rurales del país, Esteban Valenzuela recordó que algunos de los representantes de la Cámara "se permitieron decir que se estaba gobernando por decreto".
El ministro instó a los parlamentarios que demostraron esta posición a que se vuelquen en esfuerzos por "buscar un perfeccionamiento legal que permita defender los suelos agrícolas para la seguridad alimentaria de Chile".
En la misma línea, el titular de Agricultura consideró que el fallo favorable para el Gobierno permite organizar "el vivir con seriedad y no en zonas de riego. Evitar no dejar paso a los cuerpos de agua, dejar sin resolver los problemas de la basura, mantener el cuidado del agua y muchas otras materias que obligan estos dictámenes y fallos de las cortes superiores de la nación".
Desde Chile Rural A.G., gremio de inmobiliarias que nació a partir del conflicto por la construcción de viviendas en terrenos agrícolas, declararon, a través de su cuenta de Instagram, que "hacemos un llamado a la cautela al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, ya que el fallo de la Corte Suprema no le da la razón ni al ministerio ni al SAG. (...) Hoy los ciudadanos no se encuentran impedidos de tener su parcela en un sector rural".
El dictamen fue instruido por parte del propio Valenzuela, en julio de 2022, en que se ordenó al SAG suspender la tramitación de toda solicitud de certificación de proyectos de subdivisión de predios rústicos, en aquellos casos en que se advierta que el proyecto como tal pudiera involucrar un eventual cambio de destino de los lotes resultantes hacia aquellos no permitidos por la normativa.
El instructivo de la cartera, realizado luego de un análisis conjunto entre los ministerios de Agricultura y Vivienda sobre la legislación actual y de acuerdo a la propia administración del sector silvoagropecuario, se da "tras constatar la proliferación de proyectos de loteos en áreas rurales que vulneran la normativa vigente, simulando que continúan el destino agrícola del predio cuando en realidad cambian a destino habitacional"
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