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El anuncio de la suspensión indefinida del funcionamiento de la siderúrgica Huachipato es una muy mala noticia, el costo económico y social es altísimo para la región. Se trata de la pérdida de sobre 2.700 empleos directos y alrededor de 22.000 indirectos. Por la gravedad del asunto, el jueves 21 del presente, hemos sido convocados a una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno Regional para reunirnos con dirigentes sindicales de la empresa y parlamentarios de la zona para analizar la actual situación y revisar posibles soluciones.
En concreto la Comisión Antidistorsiones, institución encargada, por ley y por acuerdos comerciales suscritos por Chile, para el análisis y adopción de medidas para el caso en que alguna industria se encuentre afectada por prácticas de dumping, recomendó al Gobierno aplicar sobre tasas arancelarias respecto de las "bolas de acero para la molienda" y en las "barras de acero". Informó que existen antecedentes para sostener la existencia de dumping. Se trata de una sobretasa provisoria dado que las medidas definitivas deben ser determinadas antes del 9 de septiembre de este año.
Llama la atención cómo en estas situaciones, en las que el mercado no puede resolver sus problemas, es necesaria la intervención de un Estado regulador fuerte capaz de morigerar las distorsiones que en él se producen.
Por nuestra parte, en este caso, el Gobierno Regional se ha mostrado activo en cumplir con su mandato de representar a la ciudadanía, generando espacios de diálogo entre los diferentes actores involucrados, lo que se tradujo en un acuerdo consistente en declararnos en estado de alerta, entregando nuestro total respaldo a los trabajadores y trabajadoras de Huachipato y a la industria regional; acogimos la propuesta de la Mesa por Defensa del Empleo y la Industria de la Región del Biobío y de los sindicatos de la Siderúrgica Huachipato, solicitando como salvaguardia un 25% de arancel para las barras y un 33% para las bolas de molienda; nos comprometimos a realizar todas las acciones políticas que estén a nuestra disposición y nos parezcan pertinentes, para poder revertir esta situación, a respaldar el proyecto de ley presentado por parlamentarios de la región; así mismo, solicitamos al Gobierno de Chile que nos señale cuál es su Plan de Recuperación Regional y Mitigación y manifestamos que, como Gobierno Regional, en la proporción y facultades que estén a nuestro alcance, contribuiremos a superar esta crisis. Estos compromisos se han traducido en la participación, como órgano de representación regional, en una serie de actividades que van desde reuniones con organizaciones sindicales y parlamentarios de la región hasta marchas por la capital regional.
La semana pasada hubo una reunión entre los sindicatos movilizados y el Ministro de Economía, Nicolás Grau Veloso, en la cual, según versiones de los dirigentes, el representante del ejecutivo se comprometió a que una vez recibidos los nuevos antecedentes por parte de las empresas involucradas convocaría a la Comisión Antidistorsiones para analizarlos, generando la expectativa de aumentar la sobretasa solicitada.
Lo cierto es que el asunto hoy está en manos del Gobierno en orden a tomar la decisión de seguir las recomendaciones provisorias de la comisión, dejándonos en una segura crisis económica y social a partir de la detención de esta actividad industrial y el desempleo que producirá, afectando también, por cierto, a nuestra provincia, por la necesidad de destinar recursos extraordinarios para paliar dicha crisis; o bien escuchar a nuestra región tomando medidas que vuelvan a hacer competitiva la producción de acero en Biobío.
Juan Carlos Villanueva Cabas
Abogado
Consejero regional Provincia de Biobío
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