Las agresiones contra funcionarios de la salud constituyen una preocupación transversal para la autoridad sanitaria, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
El director del Servicio de Salud Biobío, Walter Alvial Salgado, explicó que la red viene trabajando desde hace años en medidas para fortalecer la seguridad de los establecimientos, tanto para funcionarios como usuarios. Sin embargo, las cifras continúan en ascenso.
En 2023 y 2024, el Servicio de Salud Biobío registró un poco más de 400 agresiones en toda su red, lo que contempla los Centros de Salud Familiar (Cesfam) y dispositivos de atención primaria. A septiembre de 2025 ya se ha superado esa cifra.
"Eso significa dos cosas. Primero, que las agresiones se siguen dando en nuestro sistema y, segundo, que nuestros funcionarios han sido instados a registrar porque, a veces, pasa que tenemos algún reclamo pero esa agresión no está registrada", detalló Alvial.
El aumento en la cantidad de agresiones registradas no es lo único que preocupa al Servicio de Salud Biobío. "Existe también un aumento en el volumen de denuncias de violencia desde los usuarios", agregó Alvial.
AGRESIONES MÁS RECURRENTES
El director del Servicio de Salud de Biobío explicó que las agresiones más recurrentes se dan en los módulos de atención y servicios de medicina pero, principalmente, en los servicios de urgencia.
"La gente llega con un malestar in situ y requiere atención. Quizás la situación puede o no ser grave, pero la gente no lo sabe, y por tanto, exige una atención inmediata. Los servicios de urgencias tienen protocolos de atención por gravedad y, en esas situaciones, pueden darse más posibilidades de agresiones".
Asimismo, añadió que usualmente las agresiones de mayor connotación pública, y que pueden revestir delitos, suceden en los servicios de urgencias, ya que, por ejemplo, en esos establecimientos de salud se atienden a usuarios agredidos que vienen de situaciones delictuales.
JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS
Desde hace varios años, el Servicio de Salud Biobío trabaja por mejorar la seguridad de sus establecimientos, con el fin de tener espacios seguros para los usuarios pero también para los funcionarios.
"Como todos sabemos, cada cierto tiempo nuestros trabajadores están sometidos a agresiones que no pueden ser aceptadas. Algunas, francamente, son situaciones delictuales, y para eso nosotros necesitamos trabajar mejor", explicó el director.
Por una parte, añadió que se debe mejorar su relación con los usuarios, pero también entregar mecanismos de soporte y ayuda tanto a los funcionarios como a los pacientes, a fin de establecer una mejor relación.
Asimismo, relató que desde 2019 cuentan con una mesa de seguridad. "Hemos ido evaluando y clasificando las agresiones. Debemos reconocer que la mayoría de las situaciones no revisten delitos, sino que son situaciones que se dan en el contexto de la atención, donde puede haber amenazas y agresiones verbales hasta situaciones más graves, que son las menores, pero son muy importantes", puntualizó la autoridad.
En este contexto, añadió que se han establecido protocolos para la atención de estos funcionarios. "Ellos son trabajadores, tienen seguros laborales asociados y deben recibir una atención inmediata".
Además, agregó que se han realizado evaluaciones de seguridad en los establecimientos y que "se están haciendo jornadas para usuarios insatisfechos, donde se invita a los pacientes que han hecho reclamos y se conversa con ellos para, en una interacción, recoger su malestar y ver de qué manera podemos mejorar", expresó Alvial.
LA LABOR DE LA PDI Y CARABINEROS
Dos actores importantes en esta materia son las policías. En este contexto, la jefa de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ángeles, comisaria Tamara Hernández, explicó que existe una coordinación fluida entre la institución, los servicios de Salud y la Fiscalía para activar procedimientos de forma inmediata.
Indicó que la mayoría de los casos que ingresan a través de Bitácora Web o por derivación del Ministerio Público terminan siendo indagadas por brigadas especializadas.
Desde Carabineros, el suboficial Héctor Jara, de la Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comisaría de Los Ángeles, reconoció que los funcionarios de salud se han convertido en víctimas recurrentes de agresiones en diversos Cesfam de la comuna.
Por ello, mantienen mesas de trabajo con directores de establecimientos y presencia policial permanente en puntos críticos. Además, cada centro de salud cuenta con el número directo del plan cuadrante, lo que permite activar apoyo policial incluso cuando la línea de emergencia 133 se encuentra ocupada.
"La comunicación directa con los delegados de cuadrante ha sido clave. Sabemos que las agresiones no pueden normalizarse y debemos actuar con rapidez para proteger al personal", señaló.
