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La situación, que afecta directamente a cientos de vecinos —en su mayoría adultos mayores, niños y personas en situación vulnerable—, detonó una investigación de la Contraloría General de la República, que ya calificó el hecho como una falta grave en la gestión de salud primaria.
Fue un grupo de concejales de la comuna quienes encendieron las alertas. Preocupados por la nula atención médica que se venía arrastrando por semanas, elevaron la denuncia al órgano contralor.
Este, tras constatar los hechos, confirmó que ningún médico se encuentra trabajando en el Centro de Salud Familiar, lo que dejó a la comuna sin consultas, controles ni urgencias básicas.
Una de las hipótesis apunta a que los mismos profesionales habrían intercambiado certificados de licencia médica, amparándose en el sistema sin que, hasta ahora, existan controles suficientes.
"Esto no es solo negligencia, es una burla a la gente que necesita atención", comentó uno de los concejales denunciantes.
Frente a la emergencia, la subcontralora Dorothy Pérez ordenó el envío urgente de dos médicos para restablecer la atención mínima, además de iniciar sumarios administrativos para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.
El hecho se suma a los incontables casos que han salido a la luz durante las últimas semanas sobre el uso fraudulento de licencias médicas en el sistema público, especialmente cuando afectan directamente a comunidades con escasos recursos y limitado acceso a servicios básicos.
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