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El Tribunal Constitucional de Chile se pronunció a favor de la vacunación obligatoria de niños y niñas establecidas en el Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI). En su resolución, el Tribunal aclaró que "la libertad de conciencia de las personas no puede ser invocada para oponerse a cualquier regulación legal que éstas consideren contraria a sus creencias", especialmente cuando la oposición afecta a terceros.
Los hechos que llevaron a esta decisión se remontan al 26 de mayo de 2022, cuando el Juzgado de Familia de Puerto Montt ordenó a los padres de dos menores, de 3 y 5 años, a que les administraran todas las vacunas obligatorias, después de que una funcionaria del Hospital Base de Puerto Montt presentara una acción cautelar. Los padres, que apoyan un sistema de medicina alternativa antroposófica, apelaron la sentencia ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
En respuesta, se presentó un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, sustentado en el Código Sanitario, que establece la obligatoriedad de las vacunas.
El Tribunal abordó el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, afirmando que se trata más de una "responsabilidad de tomar las decisiones que mejor se avengan con su interés superior". También enfatizó que excepcionar a los niños de las vacunas en función de las creencias de los padres "sin considerar la afectación que de ello se derivaría tanto para los derechos fundamentales de los niños como para los derechos del resto de la población".
Además, el Tribunal subrayó que "los preceptos impugnados se orientan al resguardo del interés superior de los niños", destacando que la vacunación no solo protege la salud de cada niño, sino también la de toda la comunidad.
Sobre la afirmación de que la decisión sobre la vacunación debería corresponder a los padres, el Tribunal explicó que "más que un derecho a decidir, nos encontramos frente a una responsabilidad". Las decisiones que afectan los derechos fundamentales de los hijos, y de otros miembros de la comunidad, deben ser compatibles con el respeto y protección de dichos derechos. En este sentido, el Tribunal reafirmó que la política estatal debe prevalecer sobre las decisiones parentales cuando se trata de la salud y el bienestar de los menores.
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