Sobre 700 dosis de medicamentos son decomisadas en Los Ángeles

Hace pocos días la cámara del Senado envió a la  Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto de ley que busca robustecer las actuales sanciones penales y sanitarias interpuestas a quienes comercialicen medicamentos, originales o adulterados, en lugares no autorizados. Una norma que además considera a quienes prescriben o faciliten estos hechos, a raíz de que las autoridades han corroborado casos en que los productos decomisados provienen de farmacias establecidas.

La propuesta en cuestión, denominada "Modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal", pretende subsanar un ‘vacío legal’ que existe en materia de medicamentos. Ya que, de acuerdo con la vigente legislación se "permite perseguir como delito, la comercialización ilícita solo de medicamentos sujetos a control legal, como es el caso de los psicotrópicos y estupefacientes", de forma que la detención y penalización de personas que venden medicamentos por vías no autorizadas no es posible.

Sin embargo, la incautación de los productos comercializados de forma no regulada si está amparada por la ley chilena. Sin ir más lejos, según los documentos del Instituto de Salud Pública (ISP), los últimos años se han incautado más de diez millones de dosis de medicamentos, lo que representa un aumento del 1000 % entre 2021 y 2022.

OPERATIVO ANGELINO

Es en ese contexto que la delegada presidencial de la provincia de Biobío, Paulina Purrán, dio cuenta de los recientes decomisos de medicamentos realizados al interior de la comuna de Los Ángeles, los cuales lograron sacar del mercado informal más de 700 unidades de medicamentos. En palabras de la autoridad: "Gracias a las denuncias de la comunidad que recibimos como Delegación en conjunto con la labor realizada por las policías y la autoridad sanitaria se han podido coordinar operativos de fiscalización y posterior decomiso de medicamentos distribuidos de forma no autorizada".

"Desde noviembre del 2022 se empezó a desarrollar una mesa de trabajo que involucra a varias instituciones, entre ellas el Servicio Impuesto Interno (SII), la Seremi de Salud del Biobío, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo de Seguridad Pública Municipal (...) Gracias al operativo coordinado por esta Mesa de Orden y Seguridad se decomisaron cerca de 700 unidades de medicamentos", complementó Paulina Purrán.

Dentro de este contundente decomiso las autoridades comprobaron que al interior de la capital de la provincia de Biobío se estaba realizando la comercialización informal de medicamentos, incluyendo antibióticos y psicotrópicos: "Las 700 unidades corresponden a cajas, sobres o frascos, entre los cuales se encontraban antipiréticos, antiinflamatorios, antialérgicos, antiácidos, antidiarreicos, analgésicos, además de vasodilatadores y más preocupante aún, antibióticos y psicotrópicos, cuya venta por motivo de precaución solo debe realizarse con receta médica retenida", aseveró la delegada.

UN LLAMADO A LA COMUNIDAD

Una vez conocido públicamente el reciente decomiso de medicamentos, la delegada presidencial de la provincia de Biobío hizo un llamado a la comunidad para evitar que este tipo de prácticas se continúen popularizando: "Estos procedimientos se realizan con el fin de garantizar la seguridad sanitaria de las personas, ya que la venta clandestina de medicamentos es un riesgo para la ciudadanía, ya que no se conoce la procedencia de los productos ofertados (...) Aquí el llamado que hacemos a la comunidad es a no comprar medicamentos de dudosa procedencia".

Por último es importante señalar que de acuerdo al archivo disponible en el sitio web de diario La Tribuna hasta abril de 2023 los operativos en torno a la venta informal de medicamentos en la provincia de Biobío registraban un total de 1.544 unidades decomisadas, por lo que este nuevo procedimiento incrementa las cantidades requisadas, pero, a su vez, aumenta la preocupación de entidades como el Instituto de Salud Pública (ISP) al ser testigos del acrecentamiento del comercio no autorizado de medicamentos.