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"Nosotros ya firmamos la alerta sanitaria correspondiente a Coronavirus (...) Es un decreto largo que se publica mañana en el Diario Oficial y, por lo tanto, entra en vigencia para todo el territorio nacional", con estas palabras el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunciaba el pasado 07 de febrero de 2020 el inicio de una extensa medida que este jueves, después de más de tres años, debería llegar a su fin.
Sin embargo, lo que para muchos puede significar el término de cierta restricciones, como el uso obligatorio de la mascarilla, para otros trae consigo una dura realidad. Y es que esta semana la Comisión de Salud del Senado volvió a plantear su preocupación por los más de 6 mil funcionarios de la salud, contratados durante la pandemia, que podrían ser despedidos de forma masiva este 31 de agosto.
Durante la instancia, la actual ministra de Salud, Ximena Aguilera, específico que mientras se desarrollaba la pandemia se requirió de 32 mil profesionales no médicos y técnicos, contratados a honorarios, apoyando principalmente módulos de urgencia y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) respiratorias en los hospitales del país.
En ese contexto, la secretaria de Estado aseveró que: "A la fecha, contamos con 12 mil personas, que representan un desembolso de 140 mil millones de pesos, de los cuales pediremos que sean reasignados 6.070 porque no pueden suspenderse sus funciones, los otros 6 mil deberán desvincularse".
En cuanto a los alcances que tendrán las consecuencias del fin de la alerta sanitaria, Aguilera aseguró que esto también impactará en las secretarías regionales ministeriales (seremis) de salud: "Hoy hay 2 mil 250 personas contratadas con Código del Trabajo, de las cuales 800 se desvincularán. El resto las vamos a ubicar en el contexto de otras alertas sanitarias que tenemos en curso como la ambiental en Quintero Puchuncaví, la de zoonosis por la gripe aviar, y la de marea roja".
De esta forma, las autoridades esperan que a contar del 1° de septiembre el personal de salud contratado durante los meses más álgidos de la pandemia de coronavirus y que luego pasó a apoyar el trabajo de los funcionarios del sistema público, baje de 14.250 a 7.450 personas, es decir, se contabilizan un total de 6.800 despidos. "Esas condiciones nos permitirán decir que hay 9,7 funcionarios por cada mil habitantes. Ello es mejor al 2019, pre pandemia, cuando había 7,5 por cada mil habitantes", complementó la autoridad sanitaria.
Lo postulado por el Gobierno no fue sinónimo de alabanzas al interior del Senado, y es que en el último debate sostenido por la Comisión de Salud sus integrantes no dudaron en señalar que el despido masivo acarreará consecuencias al sistema público de salud. En palabras del senador Juan Luis Castro: "No sobran funcionarios y no estamos en condiciones de perder más recursos. Le queremos decir a la autoridad económica que no vamos aceptar la desvinculación de la mitad de los contratados en los servicios de salud y un tercio de los que trabajan en las seremis".
Apreciaciones a las que se sumó otro integrante de la Comisión, el senador Sergio Gahona quien vociferó que "es necesario saber la brecha que existe en los hospitales porque no todos están en las mismas condiciones. Más allá de este personal de refuerzo, el recurso humano está debilitado. Creo que esta es una oportunidad para sincerar la realidad de la atención y definir estrategias más allá de esta coyuntura".
Otros integrantes presentes, como la senadora Ximena Órdenes, postularon que: "Cuando había que testear gente, se requería mucho personal. Luego pasaron las olas, pero ahora esa gente es tanto más requerida porque está en las urgencias, en los pabellones, en distintos lugares donde se necesita para hacer funcionar el sistema. Estos despidos representan un retroceso, se va a notar la falta de personal sobre todo en las regiones".
En la misma línea, el parlamentario Francisco Chahuán consultó por un plan de contingencia pensando en que faltan solo días para el fin de la alerta sanitaria y solo ahora se habla de reubicar personal. "Creo que hay que ser responsables pensando en los pacientes que ven resentida aún más, la calidad de su atención con la falta de técnicos, enfermeras y médicos", mencionó.
Por último a nivel local desde el Gremio de Enfermeras y Enfermeros del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz señalaron que a tan solo días de que se haga efectiva la medida no han existido notificaciones de despido. Por su parte, desde la Federación de Trabajadores de la Salud del Biobío, manifestaron que tampoco se verán afectados los puestos de trabajo de sus integrantes, no obstante, la incertidumbre se mantendrá hasta que culmine agosto.
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