Autoridades se reúnen en torno a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Representantes del Ministerio de Salud y Ministerio de la Mujer, además de la Dirección de Matronería, CENABAST, y Superintendencia de Salud se reunieron este miércoles en la Jornada de Barreras de Acceso a Ley 21.030 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, con el propósito de generar una instancia de conversación y reflexión, y se conformó una mesa intersectorial que trabaje en la solución las prioridades identificadas.

En la ocasión también expusieron Lieta Vivaldi, Adela Montero, Claudia Sarmiento, y Camila Maturana, autoras de investigaciones sobre implementación de la Ley IVE en ámbitos como la Atención Primaria y la objeción de conciencia en establecimientos públicos.

Al respecto, la jefa de la División de Gestión de Red Asistencial (DIGERA), Fabiola Jaramillo, señaló que "hemos liderado el proceso de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la red, por medio de la instalación de los equipos para el programa de acompañamiento psicosocial en los establecimientos hospitalarios, la disponibilidad de insumos y fármacos para realizar los procedimientos que correspondan, además de la capacitación y acompañamiento permanente a los equipos de salud. Por lo mismo, agradecemos que se realicen investigaciones sobre las políticas públicas en desarrollo, ya que permite conocer otros aspectos de la implementación, que muchas veces desde el nivel central pueden ser difíciles de visualizar".

Durante la jornada, se dieron a conocer los nodos relevantes pesquisados en 2022 sobre la consolidación del proceso asistencial de la cartera de prestaciones garantizadas por la Ley 21.030, y se destacaron múltiples oportunidades de mejora en pro del cumplimiento legal por parte de los establecimientos.

Entre otros, se conversó respecto de las barreras surgidas a propósito de la objeción de conciencia personal e institucional -donde existen algunos casos emblemáticos de hospitales con un 100% de profesionales objetores-; la falta de información y educación de la población sobre sus derechos sexuales y reproductivos; factores geográficos que dificultan el acceso, -por ejemplo, mujeres de zonas rurales o de bajos ingresos; estigma social, discriminación y hostigamiento que reciben las mujeres cuando deciden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.

Desde la publicación de la ley (2017), el Ministerio de Salud ha realizado intervenciones en busca de reducir estas barreras: capacitaciones a profesionales de Salud, un registro nacional de objetores de conciencia, ampliación de oferta de servicios a nivel nacional para reducir la barrera geográfica, y el trabajo continuo sectorial para reducir la violencia contra la mujer en los establecimientos de salud.

En tanto, en enero pasado, se lanzó el Manual de Fiscalización Ley IVE. Esta herramienta permite estandarizar la fiscalización de su cumplimiento, entregando una pauta de chequeo única que podrá ser aplicada a nivel nacional por SEREMIs en el marco de la inspección sanitaria, la cual busca identificar de forma oportuna falencias en los procesos, permitiendo una respuesta rápida, además de tener también un enfoque preventivo, velando para que el Estado pueda cumplir su rol de garante de los derechos sexuales y reproductivos.