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Otros siete mil funcionarios públicos salieron del país mientras se encontraban con licencia médica entre enero y diciembre de 2025. La cifra fue presentada por la contralora general de la República, Dorothy Pérez, ante la Comisión de Salud del Senado y complementa los 25 mil casos detectados en una investigación anterior.
Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 25, que actualiza los datos del CIC N° 9, difundido en mayo de 2025. El nuevo balance motivó consultas de los senadores Ximena Órdenes, Karol Cariola, Juan Luis Castro, presidente de la comisión, y Sergio Gahona.
El informe abarca a funcionarios de organismos públicos, integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, trabajadores de empresas públicas, universidades estatales y personas vinculadas a fundaciones y corporaciones sin fines de lucro que reciben aportes estatales.
Entre los destinos registrados, Perú concentró el 32% de los viajes y Argentina, el 28%. Otro 14% correspondió a desplazamientos a Estados Unidos y Europa.
Pérez hizo una distinción respecto de algunos traslados fronterizos, como los de funcionarios que viajaron a Tacna para acudir al hospital solidario o a Río Gallegos para comprar productos, situaciones que recibieron una consideración diferente en el análisis.
CERCA DE MIL SANCIONES EXPULSIVAS
La Contraloría ordenó instruir sumarios administrativos en 696 entidades públicas. Entre los organismos con mayor cantidad de casos figuran la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), la Fundación Integra y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chinchorro.
La contralora informó que, a partir del primer reporte, cerca de dos mil trabajadores dejaron de pertenecer al servicio público. La autoridad planteó revisar el efecto de las renuncias voluntarias sobre la responsabilidad administrativa, debido a que la legislación permite que esta se extinga cuando se concreta la salida del funcionario.
En cuanto a las investigaciones disciplinarias, existen cerca de mil sanciones de carácter expulsivo entre los nueve mil sumarios iniciados el año pasado. La cifra no equivale al número total de personas involucradas, ya que algunas instituciones abrieron un solo procedimiento para investigar varios casos.
Los antecedentes expuestos ante la comisión forman parte de una serie de reportes emitidos por Contraloría desde 2025 sobre distintas conductas incompatibles con el uso de licencias médicas. Entre ellas figuran la salida del país, la asistencia a casinos de juego, la realización de trabajos remunerados y la atención de partos en clínicas privadas por parte de médicos que se encontraban con reposo.
AHORRO FISCAL Y CAMBIOS LEGALES
La superintendenta subrogante de Seguridad Social, Patricia Soto, entregó antecedentes sobre la evolución de las licencias médicas y el impacto de las medidas adoptadas tras conocerse las irregularidades.
La emisión de estos documentos volvió a niveles prepandemia, con aproximadamente seis millones al año. La reducción registrada permitió un ahorro fiscal de 586 mil millones de pesos, de acuerdo con la información presentada por la autoridad.
El senador Sergio Gahona vinculó ese monto con el costo de infraestructura sanitaria y solicitó al Ejecutivo otorgar urgencia al proyecto de reforma a las licencias médicas, correspondiente al boletín N° 17.678-11, que modifica los días de carencia.
Desde otra perspectiva, la senadora Karol Cariola cuestionó la orientación de la propuesta legislativa, al considerar que podría transmitir la idea de que todas las personas que utilizan licencias médicas pretenden cometer irregularidades. Asimismo, pidió conocer cómo se consideran situaciones relacionadas con el prenatal y el posnatal, además de los desplazamientos de pacientes con enfermedades de salud mental.
La senadora Ximena Órdenes planteó la necesidad de conocer el funcionamiento de los comités de ausentismo instalados tras la primera investigación de Contraloría. A su juicio, resulta necesario establecer límites que permitan resguardar el derecho al reposo médico y prevenir los abusos.
Por su parte, el senador Juan Luis Castro solicitó claridad sobre las medidas que prepara el Ministerio de Salud y pidió conocer las acciones adoptadas por el Colegio Médico frente a las irregularidades detectadas.
El debate dejó planteada la necesidad de compatibilizar la fiscalización del uso de licencias médicas con la protección de quienes requieren reposo por razones de salud, junto con revisar los mecanismos legales para aplicar responsabilidades y sanciones en los casos acreditados.
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