Regístrate en nuestro newsletter
El carabinero falleció luego de recibir un disparo mientras acudía a un domicilio por una denuncia de violencia intrafamiliar. En ese contexto, el secretario de Estado llegó el lunes 5 de octubre a la provincia de Biobío para acompañar a la familia, compañeros de servicio y cercanos del funcionario.
El planteamiento del ministro pone el foco en una iniciativa que busca establecer las condiciones en que las policías pueden intervenir ante amenazas o agresiones, los criterios para emplear fuerza potencialmente letal y el respaldo jurídico para quienes actúen conforme a esas disposiciones.
Durante el punto de prensa con los medios, el titular de Seguridad Pública vinculó la respuesta del Ejecutivo frente a estos hechos con modificaciones legislativas y mejoras en los medios disponibles para los funcionarios.
Al ser consultado por las acciones para enfrentar este escenario, Arrau se refirió a la iniciativa que se encuentra en su etapa final de discusión parlamentaria y anticipó cuándo esperaba su despacho.
Junto con ese planteamiento, el secretario de Estado abordó necesidades operativas que forman parte de un trabajo con el alto mando institucional y que complementan las modificaciones normativas.
Respecto del ataque ocurrido en Quilleco, Arrau evitó profundizar en sus circunstancias, argumentando que corresponde a una investigación en desarrollo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).
Según el informe de la comisión mixta, la propuesta establece principios y reglas para el empleo de la fuerza por Carabineros y la PDI en el cumplimiento de sus funciones, además de disposiciones para las Fuerzas Armadas cuando intervienen en labores autorizadas por la Constitución y la ley.
Su alcance comprende procedimientos como la atención de una denuncia por violencia intrafamiliar, aunque no contiene una regla específica para ese tipo de llamados, sino criterios generales que dependen de la resistencia o agresión enfrentada.
El texto distingue cinco grados: cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión activa y agresión activa potencialmente letal. Esta última corresponde a una amenaza o ataque actual o inminente que pueda causar la muerte o afectar gravemente la integridad física de los funcionarios o de terceros.
Frente a esas situaciones, contempla distintos niveles de intervención policial: presencia, técnicas de comunicación, reducción física de la movilidad, fuerza menos letal y fuerza potencialmente letal.
La propuesta precisa que no existe una secuencia obligatoria que deba recorrerse paso a paso, pues la respuesta puede comenzar en el nivel racionalmente necesario y aumentar o disminuir según la peligrosidad de la situación y la oposición enfrentada.
En cuanto al empleo de armamento, exige una advertencia verbal o corporal cuando las circunstancias operativas lo permitan y siempre que hacerlo no genere riesgos para el funcionario o terceros.
Para la fuerza potencialmente letal, el artículo 7 establece que procede cuando los grados previos resulten insuficientes y contempla supuestos como cumplimiento del deber, legítima defensa, ejecución de una orden judicial, detención de una persona que oponga resistencia, impedir su fuga y protección de infraestructura crítica ante peligro grave.
Estas disposiciones deben aplicarse junto con los principios de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad, además de las reglas que relacionan la intervención con el grado de resistencia o agresión.
El respaldo jurídico se desarrolla en el artículo 15, que contempla la eximente de responsabilidad penal de cumplimiento del deber para quienes respeten las RUF y establece que deberá acreditarse su incumplimiento para determinar responsabilidad penal.
Asimismo, si el Ministerio Público inicia una investigación, los funcionarios serán considerados víctimas o testigos, según corresponda, salvo que las diligencias permitan atribuirles participación punible, caso en que adquirirán la calidad de imputados.
A estas disposiciones se suman obligaciones de capacitación, equipamiento, planificación, auxilio a personas heridas, registro y reporte de los procedimientos, así como el envío de estadísticas semestrales al Ministerio de Seguridad Pública.
El proyecto, correspondiente al boletín 15.805-07, fue ingresado el 10 de abril de 2023 por el gobierno del entonces Presidente Gabriel Boric, mediante un mensaje del Ejecutivo.
Las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado llevaron la iniciativa a una comisión mixta, que terminó de despachar su propuesta el 30 de septiembre de 2026.
Según el último registro revisado en la ficha legislativa de la Cámara, el informe fue incorporado el lunes 5 de octubre, jornada en que también se dio cuenta del mensaje presidencial 365-374, mediante el cual el actual Gobierno de José Antonio Kast presentó urgencia de discusión inmediata.
Esta calificación busca acelerar el debate y no equivale a la aprobación del proyecto, cuyo informe debe ser votado primero por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado. En el punto de prensa realizado durante su visita a la zona, Arrau manifestó que espera que el proyecto complete su tramitación en el Congreso este miércoles 7 de octubre.
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
¿Quieres contactarnos? Escríbenos a [email protected]
ContáctanosOpinión
