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Según consignó EFE, uno de los principales puntos de preocupación de la organización es la amplitud de las facultades que el proyecto entregaría al Presidente de la República para restringir determinados derechos mediante nuevos estados de excepción.
El proyecto, ingresado a mediados de agosto, contempla la creación de un nuevo tipo de Estado de Excepción que podría ser decretado por el mandatario por un período de hasta ocho meses sin una consulta previa al Congreso.
La iniciativa también considera facultades para intervenir comunicaciones y establecer restricciones a la libre circulación, además de limitar los derechos de reunión y asociación.
La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, cuestionó el alcance de estas atribuciones y sostuvo que la propuesta podría generar riesgos para las libertades civiles.
Goebertus agregó que las modificaciones planteadas "amenazan los derechos de los chilenos y ponen en peligro sus instituciones".
Ante este escenario, Human Rights Watch llamó al Congreso a rechazar la reforma, argumentando que su aprobación podría poner en riesgo una amplia gama de derechos humanos.
La organización también manifestó reparos respecto de la posibilidad de que el Presidente pueda declarar a determinados grupos como organizaciones terroristas o criminales.
De acuerdo con HRW, el proyecto no especificaría cuáles serían los efectos legales de una declaración de este tipo.
La iniciativa, además, contempla la creación de "regímenes penitenciarios diferenciados", con restricciones a las visitas y a determinados beneficios para algunas categorías de personas detenidas.
Otro de los cuestionamientos apunta a la incorporación de un nuevo Estado de Excepción, que se sumaría a los cuatro tipos de estados de emergencia que actualmente contempla la Constitución chilena.
Según la organización, la propuesta otorgaría al jefe de Estado una autoridad prácticamente ilimitada para declarar estados de emergencia frente a situaciones que considere una amenaza inminente para la "seguridad pública".
HRW recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla la posibilidad de que los gobiernos suspendan determinadas obligaciones en circunstancias excepcionales, como una guerra, un peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado.
Sin embargo, la organización enfatizó que las medidas adoptadas en esos escenarios deben ser estrictamente necesarias para responder a las exigencias de la situación y mantenerse compatibles con las demás obligaciones establecidas por el derecho internacional.
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