Más atribuciones para combatir la delincuencia: municipios piden que nuevas obligaciones lleguen con recursos

La discusión sobre el fortalecimiento del rol de los municipios en materia de seguridad pública dio un nuevo paso en el Congreso. Sin embargo, junto con las mayores facultades para enfrentar la delincuencia, surgió una interrogante que preocupa especialmente a las autoridades comunales: ¿con qué recursos se financiarán estas nuevas responsabilidades?

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que modifica la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. La iniciativa busca actualizar la Ley 21.802 y facilitar su aplicación, entregando nuevas herramientas a los gobiernos locales para desarrollar labores preventivas y reforzar la seguridad en sus territorios.

MÁS FACULTADES PARA LOS MUNICIPIOS

Entre las principales modificaciones, el proyecto permite que las municipalidades puedan exceder hasta en un 5% de sus ingresos propios percibidos durante el año anterior el límite legal del 42% para gastos en personal establecido en el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.

La medida apunta a facilitar la contratación de personal destinado a labores de seguridad, considerando factores como la extensión territorial y la ruralidad de cada comuna. Asimismo, incorpora exigencias relativas a la idoneidad física y psicológica de quienes desempeñen estas funciones.

La propuesta también contempla cambios en la normativa que regula los vehículos municipales destinados a seguridad. En caso de aprobarse, sus conductores podrán operar con licencia clase B, permitiendo mantener el funcionamiento de estos móviles sin exigir licencia clase F, correspondiente a vehículos de emergencia.

EL FINANCIAMIENTO COMO DESAFÍO

Para el alcalde de Quilaco y presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos de la provincia de Biobío (Amcordi), Pablo Urrutia Maldonado, el proyecto representa un avance en la gestión local de la seguridad. Sin embargo, advirtió que la discusión debe considerar las diferencias presupuestarias existentes entre los municipios.

"La nueva ley corta es un avance positivo porque fortalece administrativamente la gestión municipal frente a la delincuencia", afirmó.

A juicio del jefe comunal, una mayor participación de los municipios puede contribuir a responder con mayor cercanía a problemáticas que afectan directamente a barrios y localidades. La presencia de personal, vehículos y equipamiento en terreno permite actuar con mayor rapidez, especialmente en sectores rurales donde las distancias y las condiciones geográficas dificultan la cobertura.

No obstante, advirtió que la capacidad para implementar estas medidas no es igual en todos los territorios.

INGRESOS PROPIOS Y BRECHAS TERRITORIALES

Uno de los aspectos que genera inquietud entre las autoridades locales es que parte de las nuevas funciones dependa de la capacidad económica de cada municipio.

"Debemos tener en cuenta que depender exclusivamente de ingresos propios puede generar brechas entre las distintas comunas del país", sostuvo Urrutia.

La observación coincide con uno de los puntos que marcó el debate parlamentario, donde surgieron planteamientos respecto de que el financiamiento de estas nuevas atribuciones debiera provenir, en mayor medida, del nivel central y no recaer principalmente sobre los presupuestos municipales.

La preocupación cobra especial relevancia en comunas rurales y cordilleranas, donde los costos operativos suelen ser mayores debido a las características geográficas y a la dispersión de la población. En estos casos, fortalecer la seguridad implica no solo contratar personal, sino también disponer de vehículos, equipamiento y recursos permanentes para sostener las labores preventivas.

LLAMADO DESDE LAS COMUNAS CORDILLERANAS

En su calidad de presidente de Amcordi, Urrutia planteó que el fortalecimiento de la seguridad municipal debe ir acompañado de un respaldo económico que permita cumplir eficazmente con las nuevas obligaciones.

"Como Asociación de Municipios Cordilleranos, nuestro llamado es a seguir avanzando en conjunto para que las nuevas responsabilidades legales vengan acompañadas de un respaldo económico equitativo en el reglamento definitivo", señaló.

Durante la tramitación en la Cámara también fue rechazada una disposición que buscaba permitir el uso de entre un 15% y un 25% de los ingresos propios municipales para la contratación de inspectores de seguridad, al no alcanzar el quórum requerido.

EL DEBATE CONTINÚA EN EL SENADO

Con el proyecto ahora en el Senado, la discusión tendrá una nueva etapa para abordar el equilibrio entre mayores atribuciones y los recursos necesarios para ejercerlas.

Para los municipios, especialmente aquellos con menor capacidad presupuestaria, el desafío no concluye con la entrega de nuevas herramientas legales. La principal preocupación será que estas facultades puedan traducirse en una mayor presencia preventiva en los territorios, sin que el tamaño del presupuesto de cada comuna termine determinando la capacidad de respuesta frente a una necesidad común: mejorar la seguridad de los vecinos.