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En medio del álgido debate legislativo por la agenda contra el crimen organizado, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, anunció que su colectividad no respaldará el paquete de reformas constitucionales de seguridad impulsado por el Ejecutivo.
La principal preocupación del líder gremialista radica en lo que considera una alteración peligrosa de la arquitectura institucional de Chile.
Durante su análisis de la propuesta gubernamental, Ramírez argumentó que la iniciativa comete el error de elevar materias netamente normativas a la Carta Fundamental, estableciendo "excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional".
Para el parlamentario, fijar directrices como los regímenes carcelarios diferenciados dentro del texto constitucional representa un riesgo a largo plazo. "Si tú pones eso en la Constitución, lo que estás haciendo es establecer un criterio que es legal en ella y que la transforma en un elemento extremadamente vulnerable", enfatizó el diputado.
A su juicio, la ley suprema no debe convertirse en "una norma como cualquier otra que puede ser cambiada gobierno a gobierno", sino que sus principios deben debatirse y establecerse mediante la legislación ordinaria.
Pese a la rotunda negativa estructural, desde la directiva de la UDI reconocieron áreas de consenso con La Moneda. Ramírez confirmó su respaldo a la implementación de un nuevo estado de excepción, aclarando que sobre este mecanismo "no existe objeción". Asimismo, validó la premisa de restringir el acceso a prestaciones sociales, de salud y educación para aquellos condenados por terrorismo y crimen organizado. Sin embargo, reiteró su rechazo a la "hiperconstitucionalización" del sistema para lograr este objetivo, insistiendo en que son modificaciones de carácter legal.
El debate ha generado diversas posturas y fricciones dentro del espectro político. Desde su propio sector, el senador Iván Moreira (UDI) optó por la cautela, recordando a sus pares que el texto es preliminar e instando a no generar "una polémica cuando no conocemos el detalle de la reforma". En paralelo, la diputada Ximena Ossandón (RN) exigió al Ejecutivo "una cuota de realismo político" si pretende que sus normativas avancen en el Congreso.
Desde la vereda oficialista, las alertas también se encendieron. La diputada Tatiana Urrutia (FA) acusó que la iniciativa "busca debilitar la igualdad ante la ley en un país que ya es profundamente desigual" y advirtió sobre un aumento desmedido en las facultades presidenciales. Finalmente, el exministro Álvaro Elizalde aterrizó el debate a las implicancias prácticas, cuestionando la viabilidad y humanidad de negar prestaciones médicas básicas a reclusos que sufran agresiones en recintos penitenciarios.
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