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La propuesta forma parte de una estrategia destinada a fortalecer la fiscalización y mejorar los mecanismos de recuperación de dineros que, según estimaciones de las autoridades, alcanzan cerca de 56 millones de dólares por pagos vinculados a licencias médicas mal utilizadas.
La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, explicó que actualmente el Ejecutivo trabaja en mecanismos que permitan recuperar estos fondos de manera más efectiva, considerando que las contralorías médicas cuentan con herramientas limitadas una vez que los subsidios ya fueron pagados.
En ese contexto, el Gobierno analiza replicar sistemas similares a los utilizados para el cobro de pensiones de alimentos, donde el empleador puede ser instruido para efectuar retenciones de remuneraciones. Entre las alternativas también se evalúa aplicar descuentos sobre indemnizaciones laborales o utilizar las devoluciones de impuestos como vía para restituir los recursos fiscales.
Paralelamente, el Ministerio del Trabajo impulsa una mayor interoperabilidad entre distintos organismos públicos para detectar de forma anticipada eventuales irregularidades.
La estrategia considera el intercambio de antecedentes entre la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Superintendencia de Pensiones.
El objetivo es cruzar información sobre personas que, mientras mantienen una licencia médica vigente, registren actividades incompatibles con su condición, como viajes al extranjero o desempeño de actividades laborales, permitiendo que las contralorías médicas actúen antes de concretarse el pago del subsidio.
Las medidas forman parte del trabajo técnico que desarrollan Suseso, Compin y Fonasa para presentar indicaciones al proyecto de ley que busca homologar el sistema de licencias médicas entre el sector público y el privado.
Según explicó la subsecretaria, el propósito es incorporar mecanismos legales que faciliten la recuperación de los recursos cuando se compruebe un uso fraudulento de estos beneficios.
En paralelo, el Ejecutivo analiza modificaciones relacionadas con la Ley SANNA, seguro que permite a madres, padres o cuidadores ausentarse de sus labores para atender a hijos afectados por enfermedades graves.
De acuerdo con la autoridad, el fondo administrado por las mutualidades mantiene reservas cercanas a US$188 millones, recursos que podrían utilizarse para ampliar la cobertura o fortalecer los beneficios del sistema mediante futuras modificaciones legales.
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