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Los antecedentes forman parte del segundo Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (Radar), documento que busca identificar posibles amenazas en la utilización de fondos públicos destinados a promover el bienestar animal, prevenir el abandono de mascotas y resguardar la salud pública y el medioambiente.
De acuerdo con el informe, entre 2017 y marzo de 2026 las municipalidades recibieron $33.647.556.550 mediante el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC).
Sin embargo, el análisis reveló que 61 municipios no realizaron jornadas de rescate animal ni de control poblacional, pese a haber recibido desde 2022 cerca de $5 mil millones provenientes de la Subdere para esos fines.
A ello se suma que 162 municipalidades no respondieron a los requerimientos de información formulados por la Contraloría respecto del uso de más de $16 mil millones transferidos por la misma repartición.
El reporte también identificó otras deficiencias en la implementación de la normativa sobre tenencia responsable. Entre ellas, que 25 municipios no cuentan con una ordenanza sobre la materia; 178 no disponen de un lector de microchip o no informaron si cuentan con ese equipamiento; y 31 mantienen o financian caniles que no están inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal.
Si bien el informe cifra en 61 las municipalidades que no realizaron estas jornadas pese a recibir recursos, el comunicado emitido por la Contraloría no individualiza cuáles son las comunas involucradas.
El informe además detectó inconsistencias en el Registro Nacional de Identificación de Mascotas y en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, ambos administrados por el Ministerio del Interior, especialmente en la identificación de las personas responsables de los animales.
En el caso del registro de animales potencialmente peligrosos, la Contraloría observó que solo 748 personas, de un total de 39.987 inscritas, aparecen con el curso de adiestramiento exigido por la normativa vigente.
Frente a estos resultados, la CGR calificó la situación como una alerta de riesgo relevante e informó que fiscalizará a la Subdere, en su calidad de organismo encargado de transferir los recursos destinados a estos programas.
Asimismo, el organismo instruyó que las municipalidades que aún no cuentan con una ordenanza sobre tenencia responsable deberán dictarla en un plazo de 90 días hábiles.
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