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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 77 votos a favor, 68 en contra y 1 abstención declarar admisible la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por presuntas infracciones a la Constitución y a las leyes en el manejo de las finanzas públicas durante su gestión.
Con esta decisión, la acusación será enviada al Senado, que deberá revisar el fondo del libelo y definir su resolución. Para la etapa de tramitación en la Cámara Alta, fueron designados como representantes los diputados Pier Karlezi, Benjamín Moreno y la diputada Paulina Muñoz.
ARGUMENTOS DE LA ACUSACIÓN
Durante la sesión, el diputado Benjamín Moreno sostuvo que el libelo se sustenta en supuestas infracciones vinculadas al manejo fiscal, entre ellas, el retraso en la entrega de recursos para gratuidad universitaria y programas de infraestructura escolar.
También se cuestionó el reajuste del sector público sin financiamiento completamente identificado, lo que —según los impulsores de la acusación— habría afectado la transparencia fiscal y el cumplimiento de deberes legales en la administración del Estado.
DEFENSA DEL EXMINISTRO
En representación del exministro, el abogado Patricio Zapata rechazó los cargos, señalando que no se trata de un juicio de confianza política y que no existirían infracciones constitucionales ni legales acreditadas.
Sostuvo además que las observaciones fiscales corresponden a diferencias de interpretación y proyecciones, y que informes del Consejo Fiscal Autónomo no respaldarían la existencia de inconsistencias en las cifras cuestionadas.
TESTIMONIO PARLAMENTARIO
Durante el debate, la diputada Joanna Pérez manifestó reparos respecto de la acusación, advirtiendo que la medida podría resultar desproporcionada en relación con el tiempo que el exministro ejerció el cargo.
En su intervención, señaló que no resulta razonable "cargar todo este peso en quien estuvo sólo algunos meses en el cargo", planteando dudas sobre la proporcionalidad del mecanismo utilizado.
DEBATE EN LA CÁMARA
La discusión estuvo marcada por una fuerte división entre los parlamentarios.
Quienes respaldaron la acusación argumentaron que existieron incumplimientos en deberes de probidad, problemas de transparencia y una gestión fiscal deficiente que habría afectado la administración de recursos públicos.
En contraste, quienes rechazaron la iniciativa advirtieron que se trata de una herramienta de carácter político, cuestionaron la falta de pruebas jurídicas concluyentes y señalaron que no se acreditan infracciones constitucionales claras.
También se plantearon dudas respecto del uso de las acusaciones constitucionales como mecanismo institucional para resolver diferencias de carácter político.
PRÓXIMO PASO: SENADO
Con la aprobación en la Cámara, el caso pasa ahora al Senado, instancia que deberá definir si acoge o rechaza la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, en una etapa decisiva del proceso.
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