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La comisión encargada de analizar la admisibilidad de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, rechazó el libelo por mayoría, al concluir que no existen fundamentos jurídicos ni constitucionales suficientes para sustentar los cargos formulados en su contra.
La decisión fue adoptada por tres votos en contra, uno a favor y una abstención. En la instancia se impuso la tesis de que la acusación no logró acreditar una infracción constitucional grave ni responsabilidades atribuibles al exsecretario de Estado en relación con las proyecciones fiscales cuestionadas.
Votaron en contra la presidenta de la comisión, Marcela Hernando, junto a los diputados Alejandro Bernales y Carlos Bianchi. En tanto, la diputada Joanna Pérez se abstuvo y el diputado Luis Sánchez respaldó la acusación.
Durante el debate, los parlamentarios que rechazaron el libelo coincidieron en que las pruebas y testimonios recopilados no permitieron demostrar dolo ni una manipulación intencional de las cifras fiscales. Asimismo, destacaron que especialistas consultados durante el proceso señalaron que toda estimación económica incorpora márgenes de incertidumbre.
Uno de los antecedentes considerados fue el pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo que indicó que no existen inconsistencias aritméticas en los informes de finanzas públicas elaborados durante la administración anterior.
La diputada Marcela Hernando sostuvo que la acusación no identifica hechos específicos ni responsabilidades directamente atribuibles al exministro, calificando los planteamientos contenidos en el libelo como genéricos. A su juicio, la acción busca establecer una responsabilidad basada en resultados de estimaciones económicas que posteriormente variaron por factores que no podían preverse al momento de elaborarse.
Por su parte, el diputado Carlos Bianchi afirmó que no se logró acreditar una inconsistencia en los datos cuestionados y señaló que no existen méritos jurídicos suficientes para acoger la acusación.
La diputada Joanna Pérez, aunque criticó la gestión fiscal del gobierno anterior, optó por abstenerse al estimar que una acusación constitucional requiere estándares probatorios más exigentes debido a las consecuencias que conlleva. No obstante, manifestó que la decisión final debía quedar en manos de la Sala.
La única votación favorable al libelo correspondió al diputado Luis Sánchez, quien sostuvo que existen antecedentes para cuestionar el cumplimiento de los deberes ministeriales y afirmó que algunas variables conocidas no habrían sido consideradas al momento de presentar determinados datos al Congreso.
Antes de emitir su informe, la comisión escuchó a diversas autoridades, abogados y economistas, entre ellos el exministro de Hacienda Mario Marcel, el director de Presupuestos José Pablo Gómez, los exministros Manuel Marfán y Andrés Velasco, además de expertos en materias constitucionales y fiscales.
Pese al rechazo de la comisión, la acusación constitucional continuará su tramitación y será discutida este martes por la Sala de la Cámara de Diputados, instancia que tendrá la última palabra respecto de su admisibilidad política.
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