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Tras una reunión interministerial realizada en el Palacio de La Moneda, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, entregó los lineamientos de una estrategia que busca esclarecer el paradero de menores que habrían ingresado al país bajo el programa de reunificación familiar entre 2023 y 2024.
La decisión del Ejecutivo surge luego de las alertas levantadas por un preinforme de Contraloría, documento que expuso inconsistencias y vacíos en el registro migratorio de cientos de menores haitianos.
Durante su intervención, Alvarado señaló que la instrucción presidencial fue actuar con urgencia frente a la gravedad de los antecedentes detectados.
La autoridad recordó además que el director del Servicio Nacional de Migraciones ya presentó una denuncia penal, mientras que el subsecretario del Interior ha impulsado diversas acciones para esclarecer el caso.
El foco, subrayó el Ejecutivo, está puesto en la protección de los menores.
"Detrás de cada antecedente hay un niño o una niña, y esa es nuestra primera y máxima preocupación", enfatizó Alvarado.
Como parte de las medidas inmediatas, el Gobierno designó a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, como encargada de liderar la coordinación interministerial.
Su rol será articular el trabajo entre ministerios, servicios públicos y organismos especializados, con el fin de consolidar información y acelerar la respuesta estatal.
Además, se conformará una fuerza de tarea especial para respaldar el trabajo del Servicio Nacional de Migraciones y apoyar el levantamiento de antecedentes que puedan ser útiles para la investigación en curso.
Según explicó Alvarado, el objetivo es que cada institución contribuya desde su ámbito de competencia.
La meta central es determinar si existen menores cuyos derechos hayan sido vulnerados, o cuyo paradero aún no ha podido ser establecido.
En paralelo, el Presidente de la República convocó para este jueves 18 de junio, a las 08:00 horas en La Moneda, a una reunión ampliada con representantes de distintos poderes e instituciones del Estado.
La cita incluirá a representantes de la Corte Suprema, Congreso Nacional, Ministerio Público, Contraloría y ministerios involucrados en la materia.
La instancia busca fortalecer la coordinación institucional y definir un marco de acción común frente a un caso que ya genera preocupación política, administrativa y social.
La autoridad añadió que, en esta etapa, la prioridad no está en las responsabilidades políticas, sino en la situación de los menores afectados.
"Lo importante hoy son los niños y no las responsabilidades administrativas o políticas".
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