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La Contraloría General de la República (CGR) detectó diversas irregularidades en la Dirección Regional Metropolitana del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), tras una auditoría al proceso de otorgamiento y recuperación de créditos de fomento, correspondiente al período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
De acuerdo con el Informe Final N° 80 de 2026, el organismo fiscalizador estableció que el INDAP no realizó acciones de control suficientes en al menos tres casos de beneficiarios vinculados a actividades ilícitas en los predios financiados.
Entre ellos se identificaron situaciones asociadas al cultivo de plantas de marihuana y a usurpación de aguas. Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó reevaluar los casos y reforzar la supervisión del uso de los recursos.
El informe también detalla incumplimientos en los requisitos de acceso a los créditos. Se detectó que 10 beneficiarios mantenían vehículos motorizados valorizados en más de 3.500 UF (más de 128 millones de pesos) o capital propio tributario superior a ese umbral, lo que contraviene las condiciones del programa.
Asimismo, 16 personas que recibieron un total de 51.950.000 pesos registraban ingresos provenientes de actividades no agrícolas, como remuneraciones, honorarios o arriendos, pese a que el beneficio exige que la principal fuente de ingresos sea la actividad agrícola.
Otra de las observaciones da cuenta de 23 beneficiarios que recibieron créditos por 62.155.496 pesos sin acreditar una tenencia legítima de los predios declarados, figurando principalmente como ocupantes o bajo categorías sin definición clara, lo que impide descartar eventuales irregularidades en el acceso al beneficio.
En materia de focalización social, la auditoría identificó debilidades en la verificación del Registro Social de Hogares. En ocho casos, que recibieron créditos por 51 millones de pesos, no se cumplía el requisito de vulnerabilidad exigido (entre el 0% y el 70%).
Además, otras 95 personas que accedieron a más de 503 millones de pesos superaban ese umbral de calificación socioeconómica.
El informe también advierte problemas en la actualización de la calidad de usuario, ya que 481 créditos fueron otorgados a personas registradas como pequeños agricultores hace más de cinco años, sin evidencia de reevaluaciones periódicas.
Respecto de la supervisión en terreno, la Contraloría constató que, de 566 créditos de corto plazo otorgados en 2024, solo se realizaron 36 fiscalizaciones, equivalente a un 6% del total, cifra inferior al mínimo del 10% exigido por la normativa interna del propio INDAP.
Finalmente, el organismo fiscalizador instruyó al INDAP revisar los casos observados, verificar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios y adoptar las medidas correctivas correspondientes. Además, deberá iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hallazgos.
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