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Según el informe, las anomalías se concentran en el ex Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), donde un comunicador audiovisual figuraba contratado entre octubre de 2019 y diciembre de 2024, pero sin evidencia concreta de su asistencia laboral.
Pese a ello, el funcionario recibió sus remuneraciones completas durante todo ese período. Incluso, tras renunciar, se le pagó un finiquito que superó el millón y medio de pesos.
Desde el municipio señalaron que, días después de dejar el cargo, el trabajador entregó un supuesto libro de asistencia.
Sin embargo, este documento nunca estuvo en manos del DAEM y no fue considerado válido por Contraloría, ya que no garantiza que la información sea real.
Al revisar más antecedentes, el organismo fiscalizador detectó que la persona mantenía trabajos paralelos en al menos dos empresas privadas, una de ellas con jornada completa. Con eso, concluyó que era prácticamente imposible que cumpliera funciones en el municipio al mismo tiempo.
Pese a esta situación, los pagos se realizaron de igual forma, lo que encendió las alertas del ente contralor.
Ante estos hechos, Contraloría instruyó a la Municipalidad de Mulchén iniciar las gestiones para recuperar los recursos públicos involucrados, además de avanzar en un sumario administrativo para establecer responsabilidades.
Tras conocerse el informe, desde la actual administración municipal afirmaron que las irregularidades detectadas corresponden a la gestión anterior.
"Queremos señalar con total claridad que los hechos observados corresponden a la administración municipal anterior", indicaron mediante una declaración pública.
En esa línea, reconocieron la gravedad de los antecedentes expuestos por Contraloría, apuntando a problemas como contrataciones sin justificación, falta de control de asistencia, asignación de funciones a personal sin las competencias requeridas y eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos.
Asimismo, aseguraron que la actual gestión actuará "con total responsabilidad y apego a la ley", y que, conforme a lo instruido por el organismo fiscalizador, impulsarán acciones legales para que los antecedentes sean conocidos por la justicia.
El objetivo, señalaron, es que se determinen las responsabilidades correspondientes y avanzar en medidas que permitan reforzar los controles internos, evitando que situaciones de este tipo se repitan en el futuro.
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