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La propuesta, ingresada durante la discusión parlamentaria, no contempla una condonación universal del crédito, sino que establece un mecanismo especial de convenios de pago administrado por la Tesorería General de la República (TGR), orientado a incentivar el cumplimiento de las obligaciones pendientes mediante beneficios progresivos.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa apunta a modificar la forma en que actualmente se calculan las deudas. Según el texto ingresado por el Ejecutivo, los montos expresados en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) pasarían automáticamente a pesos, eliminando además reajustes e intereses futuros.
La indicación faculta a la TGR para implementar convenios especiales divididos en tres fases, con el objetivo de facilitar la regularización de los deudores morosos.
La primera etapa considera el congelamiento de la deuda. Esto implica que, una vez suscrito el convenio, el monto adeudado quedará fijado en pesos, sin reajustes posteriores ni aplicación de intereses.
Posteriormente, se establecerían facilidades de pago. La Tesorería podrá exigir un monto inicial y permitir que el saldo pendiente se divida en hasta 48 cuotas mensuales y consecutivas.
Finalmente, el proyecto contempla la extinción del saldo restante. En esta fase, el Estado podría condonar parte o incluso la totalidad de la deuda pendiente una vez que el deudor cumpla íntegramente con las cuotas pactadas.
El diseño de la propuesta incorpora un sistema de incentivos para quienes mantengan un comportamiento de pago responsable durante todo el convenio.
De acuerdo con la indicación, los deudores que paguen la totalidad de sus cuotas dentro de los plazos establecidos podrán acceder a la exención de hasta el 100% del saldo remanente, transformándose en uno de los principales atractivos del mecanismo impulsado por el Ejecutivo.
La medida podría beneficiar a más de 500 mil personas que actualmente mantienen obligaciones pendientes asociadas al CAE. En caso de que el proyecto sea aprobado por el Congreso, los interesados tendrán un plazo de 90 días corridos desde la publicación de la ley en el Diario Oficial para adherir al sistema de convenios especiales.
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