Regístrate en nuestro newsletter
La medida quedó establecida en el Dictamen N° D262/2026, donde el organismo precisó que este tipo de adquisiciones deberá tener carácter excepcional y transitorio, además de ajustarse a la disponibilidad presupuestaria de cada municipio.
Según lo informado por la Contraloría, la entrega de elementos de seguridad deberá estar respaldada por informes o evaluaciones técnicas emitidas por organismos policiales o por disposiciones del Ministerio Público.
Asimismo, el dictamen señala que estas medidas solo podrán mantenerse mientras persista la situación de riesgo o amenaza contra las autoridades o funcionarios afectados.
El pronunciamiento también se sustenta en las facultades municipales en materia de seguridad pública y en el deber de resguardar condiciones adecuadas para el ejercicio de funciones públicas.
La resolución aclara que, aunque los concejales no se rigen por el estatuto administrativo municipal, ello no impide que los municipios adopten medidas destinadas a proteger su integridad física.
Además, la Contraloría enfatizó que las amenazas contra autoridades o trabajadores municipales pueden constituir delitos, por lo que deben ser denunciadas previamente ante el Ministerio Público conforme a la normativa vigente.
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
¿Quieres contactarnos? Escríbenos a [email protected]
ContáctanosOpinión
