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El documento da cuenta de fallas en los mecanismos de control interno, pagos de remuneraciones sin acreditación suficiente y retrasos en procesos disciplinarios, lo que —según el organismo fiscalizador— podría comprometer el correcto uso de recursos públicos.
FALENCIAS EN CONTROL INTERNO
Entre las principales observaciones, la Contraloría advirtió la ausencia de un manual de procedimientos para el registro y control de asistencia, lo que impedía regular aspectos básicos como el cumplimiento de la jornada laboral, control de horarios y aplicación de descuentos por atrasos o inasistencias.
A ello se suma que el reglamento interno de higiene y seguridad del DAEM data de 1986, sin actualizaciones que lo adecuen a la normativa vigente.
Frente a este escenario, el organismo instruyó al municipio elaborar y formalizar ambos instrumentos mediante decretos alcaldicios, en un plazo de 60 días hábiles.
Durante la auditoría, también se detectaron debilidades en los sistemas de control de asistencia. En algunos casos, los horarios eran registrados en libros manuales sin supervisión ni validación, lo que impedía verificar el cumplimiento efectivo de la jornada laboral.
Asimismo, se identificó a cinco funcionarios cuyos contratos no estaban registrados en el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER), incumpliendo la normativa vigente.
Como medida, la Contraloría ordenó regularizar estos registros y avanzar hacia mecanismos de control más robustos, como sistemas biométricos auditables.
Otro de los hallazgos relevantes apunta a la contratación de tres abogados financiados con recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) desde septiembre de 2022.
De acuerdo con el informe, estas contrataciones no se ajustan a los objetivos definidos en los Planes de Mejoramiento Educativo (PME). Por ello, se instruyó calcular el total de las remuneraciones pagadas y restituir los fondos al Ministerio de Educación, salvo que el municipio logre acreditar que las funciones realizadas se enmarcan en dichos planes.
El informe también evidenció retrasos en la tramitación de procesos disciplinarios. De 18 sumarios abiertos, nueve se encontraban en etapa de investigación, seis sin resolución de la autoridad y solo tres habían sido concluidos.
La Contraloría calificó esta situación como una vulneración a los principios de eficiencia y celeridad administrativa, instruyendo la designación de nuevos fiscales y el cierre de los procedimientos pendientes.
Tras la publicación del informe, diario La Tribuna consultó a la Municipalidad de Mulchén desde donde se indicó que los hechos corresponden a la administración anterior y calificó las situaciones como graves.
Desde la actual gestión aseguraron que impulsarán acciones legales para que los antecedentes sean revisados por la justicia, junto con implementar las medidas exigidas por la Contraloría para corregir las deficiencias detectadas.
Uno de los aspectos más sensibles del informe dice relación con el pago de remuneraciones sin acreditación suficiente del trabajo realizado.
Entre los casos observados por la Contraloría destacan:
Comunicador audiovisual: no registró asistencia en sistemas formales ni existen evidencias suficientes de funciones realizadas, pese a haber recibido más de $33 millones en remuneraciones.
Monitor de talleres: presentó más de 100 ausencias injustificadas y registros incompletos, además de ejercer como concejal en otra comuna sin autorización formal.
Asesora de dirección: registró extensos períodos sin control de asistencia y múltiples inconsistencias en sus registros.
Docentes de música: mantenían registros manuales sin validación formal, lo que impedía verificar su jornada laboral.
En todos estos casos, el organismo fiscalizador ordenó iniciar procedimientos disciplinarios y, de no acreditarse las funciones, exigir la restitución de los recursos involucrados.
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