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La resolución, fechada el 27 de abril de 2026, valida el procedimiento impulsado por la Municipalidad de Laja y concluye que no existieron actos ilegales ni arbitrarios en la sanción que puso término a su vínculo como funcionario municipal.
El caso tiene como antecedente una condena penal dictada en 2024 por el Juzgado de Garantía de Laja, que sancionó a Quintana como autor de un delito de acoso sexual cometido contra una funcionaria municipal durante el periodo en que ejercía como alcalde.
En ese proceso, el entonces jefe comunal fue condenado a 40 días de presidio —pena que se cumplió con el beneficio de remisión condicional— además de otras medidas accesorias, en una sentencia que posteriormente fue revisada en instancias superiores, manteniéndose en lo sustancial.
A partir de esos antecedentes, y siempre de acuerdo a lo emanado por el fallo de la Corte, una funcionaria solicitó el 30 de enero de 2025 que se hiciera efectiva su responsabilidad administrativa, lo que derivó en la instrucción de un sumario mediante decreto alcaldicio el 3 de febrero de 2025.
El proceso interno concluyó con la dictación del Decreto Alcaldicio N° 7556, de 18 de julio de 2025, que aplicó la medida disciplinaria de destitución.
El fallo precisa que, si bien los hechos ocurrieron mientras Quintana era alcalde —cargo que dejó el 6 de diciembre de 2024 tras no resultar reelecto—, la sanción se aplicó posteriormente, cuando continuaba desempeñando funciones dentro del municipio.
Tras esa decisión, Quintana recurrió de protección ante la justicia, acción que no buscaba revertir las condenas penales en su contra, sino cuestionar el procedimiento administrativo que derivó en su destitución.
En su análisis, la Corte Suprema estableció que el municipio actuó dentro de sus facultades al instruir el sumario y aplicar la sanción, considerando que la normativa permite la destitución cuando se vulnera gravemente el principio de probidad administrativa o existe una condena por delito.
El tribunal también descartó que existiera una doble sanción por los mismos hechos, concluyendo que no se configura tal situación, al tratarse de procedimientos distintos en el ámbito penal y administrativo.
"En suma, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado", consigna la resolución, agregando que no se cumplen los requisitos para acoger la acción intentada, por lo que corresponde confirmar la sentencia previamente dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción.
El fallo descarta, además, vulneraciones al debido proceso, incluyendo alegaciones sobre falta de imparcialidad o ausencia de juez natural en el procedimiento.
Con esta decisión, el máximo tribunal cierra la vía constitucional intentada por el exjefe comunal, ratificando la validez del proceso administrativo que derivó en su destitución como funcionario municipal.
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