La Sala de la Cámara Baja aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley denominado "Escuelas Protegidas", iniciativa impulsada por el Gobierno que busca reforzar la seguridad y el orden al interior de los establecimientos educacionales.
El texto, que obtuvo 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones en su aprobación general, propone una serie de medidas orientadas a enfrentar hechos de violencia escolar. Entre ellas, se incluye la posibilidad de revisar mochilas y pertenencias de estudiantes, establecer sanciones por la interrupción de clases y fijar nuevos requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior.
Durante el debate, que se extendió por dos sesiones, parlamentarios que respaldaron la propuesta señalaron que responde a una situación urgente en el sistema educativo, marcada por episodios de violencia que afectan tanto a docentes como a alumnos. En esa línea, sostuvieron que la iniciativa busca garantizar entornos seguros y restablecer la autoridad en las aulas, enviando una señal de "tolerancia cero" frente a conductas que alteren la convivencia escolar.
Sin embargo, desde la oposición surgieron críticas al proyecto, apuntando a la falta de financiamiento y a que traslada responsabilidades a los profesores sin entregar herramientas suficientes. Asimismo, cuestionaron que la propuesta aborda el problema desde una lógica punitiva, sin hacerse cargo de las causas estructurales de la violencia.
Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación de un requisito para acceder a la gratuidad en la educación superior. La norma establece que estudiantes condenados por delitos graves no podrán optar a este beneficio por un periodo de cinco años, lo que, según detractores, podría afectar de manera desproporcionada a jóvenes de sectores más vulnerables.
En cuanto a las medidas de control, el proyecto permite que los establecimientos incluyan en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos u otros objetos personales —excluyendo revisiones corporales— con el fin de prevenir el ingreso de elementos peligrosos. De encontrarse objetos prohibidos, se deberá informar a los apoderados y dar aviso a las policías.
Además, se establecen sanciones para actos que interrumpan el desarrollo normal de clases, incluyendo amenazas o acciones que provoquen la suspensión total o parcial de actividades académicas. También se contempla la prohibición de vestimentas o accesorios que dificulten la identificación o promuevan la violencia y conductas delictivas.
La iniciativa continuará ahora su tramitación en el Senado, donde se anticipa que el debate seguirá marcado por las diferencias sobre el equilibrio entre seguridad, derechos de los estudiantes y el rol del sistema educativo.