La Corte de Apelaciones de Concepción dejó en acuerdo la querella de capítulos presentada por la Fiscalía Regional de Ñuble en contra de Cherie Palomera, jueza del Juzgado de Garantía de Los Ángeles investigada por seis presuntos delitos de prevaricación en el marco del denominado caso de corrupción judicial que involucra a abogados, exautoridades del sistema penal y funcionarios judiciales de la capital provincial de Biobío.
Tras los alegatos realizados este lunes, el tribunal de alzada fijó para el próximo 7 de agosto la lectura de la resolución que determinará si la acción judicial es acogida, paso procesal indispensable para que el Ministerio Público pueda formalizar la investigación respecto de la magistrada y solicitar eventuales medidas cautelares.
La investigación está siendo dirigida por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, con apoyo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones de Chillán.
SEIS HECHOS DE PRESUNTA PREVARICACIÓN
El jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto Donoso, explicó que la querella de capítulos constituye un requisito legal previo para continuar con la persecución penal en contra de autoridades judiciales.
El abogado precisó que la acción judicial se fundamenta en seis hechos específicos. "Nosotros presentamos esta querella en relación con seis hechos puntuales que dan cuenta de seis delitos, todos ellos delitos de prevaricación contemplados en los artículos 223 y 224 del Código Penal, y nuestra pretensión es que se acoja esta querella de capítulos, lo que nos habilitaría para seguir adelante con la persecución penal respecto de ello", afirmó Soto.
Según expuso el representante del Ministerio Público, la hipótesis investigativa sostiene que las actuaciones de la magistrada habrían estado influenciadas por vínculos personales con dos de las principales imputadas del caso: las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, ambas -actualmente- en prisión preventiva.
"La prevaricación implica o se sustenta en relaciones de amistad que tenía con dos abogadas imputadas principales en la causa relacionada con hechos de corrupción de Los Ángeles y, en ese marco de relaciones de amistad, la magistrada habría resuelto en favor de sus intereses de manera espuria, incluso resolviendo en contra de textos expresos de ley en algunos casos, como por ejemplo, absolviendo y sobreseyendo causas vinculadas a tráfico de drogas", explicó Soto.
INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA RED DE CORRUPCIÓN
Palomera es investigada por su eventual participación en una estructura que, de acuerdo con la Fiscalía, estaría integrada por las abogadas Andrea Romero Jara y Susana Cortés Karmy, además de sus respectivos cónyuges, un exfiscal y un exdefensor penal público de Los Ángeles, junto a otros funcionarios y colaboradores.
Hasta ahora, la causa mantiene a siete personas formalizadas; entre ellas las dos abogadas, el exdefensor penal Patricio Gutiérrez Marinado, el funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles Nelson Sáez Reyes, además de un condenado por delitos de drogas y armas y dos trabajadoras del estudio jurídico de las profesionales, cuyas identidades permanecen bajo reserva por resolución judicial.
Asimismo, permanece pendiente la formalización del fiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, —esposo de una de las abogadas imputadas—, cuya querella de capítulos ya fue acogida por la Corte de Apelaciones de Concepción.
Durán es investigado por asociación criminal, violación de secreto, negociación incompatible y lavado de activos.
La decisión fue adoptada de forma unánime por la Quinta Sala del tribunal penquista, que estimó que existían antecedentes suficientes para permitir la continuación de la persecución penal en su contra.
¿QUÉ ES UNA QUERELLA DE CAPÍTULOS?
La querella de capítulos es un procedimiento especial contemplado en la legislación chilena para perseguir penalmente a determinadas autoridades, como jueces y fiscales, por delitos presuntamente cometidos en el ejercicio de sus funciones.
A diferencia de una querella común, esta acción debe ser revisada previamente por la Corte de Apelaciones competente —y eventualmente por la Corte Suprema—, instancia que determina si existen antecedentes suficientes para autorizar la continuación del proceso penal.
Solo si la querella es acogida, el Ministerio Público queda habilitado para formalizar la investigación, solicitar medidas cautelares y continuar con la persecución penal. En caso contrario, la acción no puede seguir adelante.
En el caso de la jueza investigada por la Fiscalía Regional de Ñuble, la resolución que adopte la Corte de Apelaciones de Concepción el próximo 7 de agosto marcará un nuevo hito en una de las investigaciones por presunta corrupción judicial más relevantes que actualmente afectan al sistema de justicia en la provincia de Biobío.
