Cámara Baja aprueba proyecto "Escuelas Protegidas" y queda en condiciones de ser discutido por el Senado

Fue aprobado por la Sala de la Cámara Baja el proyecto de ley denominado "Escuelas Protegidas", impulsado por el Ejecutivo y que busca fortalecer la seguridad al interior de los establecimientos educacionales del país, en un escenario marcado por el aumento de episodios de violencia escolar.

La propuesta, presentada por el Gobierno que encabeza el Presidente José Antonio Kast, apunta a dotar a las comunidades educativas de mayores herramientas para la prevención y el control de situaciones de riesgo, reforzando la autoridad de los establecimientos y promoviendo entornos adecuados para el aprendizaje.

Entre sus principales medidas, el proyecto contempla la posibilidad de realizar revisiones de mochilas bajo protocolos definidos, con el objetivo de detectar elementos peligrosos y resguardar la integridad de estudiantes, docentes y funcionarios. Esta disposición ha generado diversas reacciones, particularmente en torno a su implementación y eventuales implicancias en materia de derechos.

Asimismo, la iniciativa establece la prohibición del ocultamiento facial al interior de los recintos educacionales. La medida busca facilitar la identificación de estudiantes en situaciones conflictivas y prevenir hechos de violencia, especialmente en contextos donde el anonimato ha sido señalado como un factor que dificulta la gestión de incidentes.

El proyecto también incorpora un endurecimiento de sanciones frente a conductas consideradas graves, como agresiones físicas, amenazas o daños a la infraestructura escolar. En este punto, el Ejecutivo ha subrayado la necesidad de contar con herramientas más efectivas para enfrentar hechos que afectan la convivencia y el normal desarrollo de las actividades educativas.

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Uno de los aspectos que ha generado mayor debate es la inclusión de disposiciones que podrían impactar beneficios estatales en educación superior. En particular, se plantea la posibilidad de restringir el acceso a la gratuidad universitaria para estudiantes que hayan sido condenados por delitos graves cometidos en el contexto escolar, lo que ha abierto una discusión respecto a la proporcionalidad de la medida y sus efectos a largo plazo.

Desde el Ejecutivo se ha señalado que la iniciativa busca equilibrar la convivencia escolar con el resguardo de la seguridad, enfatizando que se trata de una respuesta a una problemática creciente en distintos territorios del país.

El proyecto quedó listo para ser enviado al Senado luego de la discusión y votación favorable por parte de la Sala de la Cámara Baja.

Recordemos que la semana pasada la Comisión de Educación había aprobado la iniciativa, anticipándose un debate amplio, donde distintos actores políticos y del ámbito educativo expusieron sus posturas respecto a una iniciativa que busca enfrentar una de las principales preocupaciones del sistema escolar en la actualidad.