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A casi tres semanas de haber asumido el mandato, el Presidente José Antonio Kast admitió que aún no se han concretado expulsiones de migrantes en situación irregular, pese a que se trató de uno de los compromisos centrales de su campaña. No obstante, aseguró que el proceso comenzará a implementarse dentro de los próximos meses, bajo un sistema progresivo.
En conversación con la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), el jefe de Estado fue enfático en señalar que, si bien hasta ahora no se han ejecutado salidas forzadas, el Ejecutivo trabaja en la estructuración de un mecanismo sostenido en el tiempo.
Desde el Gobierno detallaron que actualmente se analizan distintas fórmulas logísticas para llevar adelante las expulsiones, considerando tanto vías aéreas como terrestres. La implementación, según explicó el Mandatario, será gradual y combinará acciones estatales con eventuales salidas voluntarias de personas extranjeras.
En ese contexto, Kast sostuvo que parte de la población migrante podría optar por abandonar el país sin intervención directa, en la medida que se fortalezcan los controles y se clarifiquen las condiciones de permanencia.
Uno de los ejes del plan será la priorización de casos con historial delictual o conductas que vulneren la normativa vigente. Según cifras entregadas por el Ejecutivo, existen cerca de 46 mil órdenes de expulsión pendientes.
"Vamos a partir por aquellos que tengan antecedentes reñidos con la ley o que no hayan sido buenos vecinos", indicó el Presidente, apuntando a focalizar los esfuerzos iniciales en perfiles considerados de mayor riesgo.
En paralelo, el Gobierno ha comenzado a implementar acciones para contener el ingreso irregular por pasos no habilitados, especialmente en la macrozona norte. Entre las medidas mencionadas se encuentran la construcción de zanjas y la instalación de nuevos puntos de control dentro del territorio nacional.
Aunque desde La Moneda aseguran que estas acciones ya estarían generando una disminución en la presión migratoria, no se han entregado cifras oficiales que respalden dicha afirmación.
Respecto al financiamiento del plan, el Mandatario reconoció que el Estado deberá asumir parte de los costos asociados a las expulsiones, particularmente en traslados internacionales. Sin embargo, precisó que se evaluarán mecanismos legales para recuperar dichos recursos, incluyendo la eventual retención de bienes en casos específicos.
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