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El Presidente Gabriel Boric, expresó este jueves su preocupación por el avance en el Congreso de un proyecto de ley que permitiría conmutar o reemplazar el cumplimiento de penas a personas condenadas, iniciativa que —según advirtió— podría abrir la puerta a beneficios para responsables de delitos de alta gravedad.
Durante sus declaraciones, el Mandatario llamó a analizar con detención el alcance del texto que actualmente se discute en el Poder Legislativo, subrayando que su eventual aprobación sin modificaciones podría derivar en salidas anticipadas para condenados por crímenes especialmente graves.
Desde el Ejecutivo, la inquietud no se limita exclusivamente a casos vinculados a violaciones a los derechos humanos. Boric planteó que el debate debe considerar el impacto global de la iniciativa, ya que el mecanismo propuesto podría extenderse también a otros delitos de alta connotación pública.
En esa línea, el jefe de Estado enfatizó una postura de firmeza frente a este tipo de crímenes, señalando que "Chile ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y de tener claro que los criminales tienen que estar donde tienen que estar".
El Presidente agregó que esta premisa debe aplicarse tanto para responsables de delitos de lesa humanidad como para quienes han cometido otros ilícitos graves. "Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos", afirmó.
Boric también recalcó que el debate sobre justicia penal no debe confundirse con un ánimo de revancha, pero insistió en que las condenas deben cumplirse de manera efectiva cuando se trata de delitos que han causado profundo daño en la sociedad.
Asimismo, planteó que la discusión legislativa deberá considerar los efectos que podría generar el proyecto en materia de seguridad pública y credibilidad del sistema judicial. A su juicio, una legislación que permita liberar a condenados por crímenes graves podría interpretarse como una señal de impunidad.
El proyecto continúa actualmente su proceso de tramitación en el Congreso Nacional, donde se anticipa un debate intenso entre parlamentarios, especialmente respecto de los criterios que podrían permitir acceder a eventuales beneficios, como edad avanzada, estado de salud o condiciones humanitarias.
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