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Enfatizó que su mantención sigue siendo necesaria para resguardar la seguridad pública y la tranquilidad de las comunidades.
El parlamentario reconoció que existen desacuerdos entre algunos sectores del Congreso, pero subrayó que esta herramienta ha permitido establecer garantías mínimas de orden y seguridad en territorios que aún enfrentan hechos de violencia, aunque hoy con menor frecuencia que en períodos anteriores.
En esa línea, Saavedra agregó que la renovación de esta medida excepcional debe ir acompañada de una acción estatal más eficaz y coordinada.
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No se trata solo de prorrogar, sino de asegurar resultados concretos. La ciudadanía exige seguridad, pero también eficiencia en el uso de los recursos y efectividad en la aplicación de las medidas", sostuvo.
Finalmente, recalcó que el objetivo es recuperar plenamente el control territorial y avanzar hacia condiciones de normalidad.
"Mientras existan focos de violencia, el Estado no puede bajar los brazos. La paz y la seguridad en Arauco y Biobío no son negociables", concluyó.
El decreto vigente vencerá el 26 de enero próximo, fecha en que comenzará a regir la presente prórroga que fue respaldada por 39 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
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