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Junto con San Rosendo, que percibe $2.965 millones, son las comunas con menor asignación de recursos en la provincia de Biobío.
Para el alcalde de Quilaco y presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos del Biobío (Amcordi), Pablo Urrutia (PDC), la cifra es el resultado de ser la comuna "más empobrecida del país". Para sus 4.400 habitantes, el problema más grave —a juicio del jefe comunal— es que no existen empresas que tributen en la comuna.
"Suena tragicómico, pero la única empresa que tributa acá es un minimarket, que es don Carlos Pino, con unos $70.000. Imagínese", señaló al respecto Urrutia.
La situación se agrava más debido a que en Quilaco existen muy pocos automóviles, lo que reduce los fondos percibidos por el pago de patentes.
Para el jefe comunal quilaquino, resulta irónico que habiendo empresas de generación eléctrica que operan en la zona, estas sigan tributando en la capital del país.
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Las grandes empresas que están acá en el territorio, que tienen que ver con la energía hidroeléctrica y la combustión de energía, y que producen casi el 30% de energía del país, no dejan nada en Quilaco", lamentó.
El alcalde Urrutia considera necesario que se legisle para que exista un impuesto específico similar al aplicado a las grandes empresas mineras de Chile.
Pablo Urrutia espera que el Estado manifieste algún gesto con los municipios y establezca un nuevo ingreso monetario adicional al royalty minero.
"Se agradece mucho que nos llegue el royalty minero de $300 millones, pero hay comunas más ricas y grandes a las que les llega el doble o el triple per cápita. Entonces, lamentablemente, nuestras comunas siguen con problemas de conectividad y locomoción precisamente por su baja cantidad de habitantes", señaló.
Desde la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, la diputada por el distrito 21, Joanna Pérez (Demócratas), manifestó su intención de legislar respecto de la solicitud del alcalde quilaquino.
La parlamentaria señaló que el tema siempre se ha conversado en los espacios de descentralización —como la bancada transversal— y que existen propuestas de royalty a los sectores forestal, pesquero y portuario. Hoy, también entra al debate la industria eléctrica.
A juicio de la diputada Pérez, "vale la pena hacer un estudio acabado también de las externalidades negativas" que generan las industrias y sobre "cómo compensar a los territorios, en este caso, a la provincia de Biobío o la región".
Lo anterior, debido a que "más allá de proyectos como la Ley de Equidad Tarifaria, nunca la actividad industrial se percibe como algo positivo para las personas que viven en el sector cordillerano y se ven afectados".
La parlamentaria considera que las energías limpias son importantes, pero también considera necesario realizar una discusión y un análisis serio, en base a estudios y con la voluntad del gobierno de turno, porque la propuesta implica una descentralización fiscal en el uso de los recursos.
En total, el aporte del FCM para la región del Biobío alcanza los $269.899 millones este año.
En la provincia de Biobío, Los Ángeles recibirá $32.575 millones, cifra incluso superior a la capital regional, Concepción, que percibirá $11.658 millones.
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