La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley dos cambios clave para las elecciones de noviembre con 127 votos a favor, siete en contra y 11 abstenciones: el establecimiento de multas para quienes no concurran a votar y la elevación de los requisitos para que los extranjeros puedan sufragar en Chile.
La norma surgió por moción de una parlamentaria del distrito 10 y, tras un debate intenso —que incluyó críticas al Gobierno por la demora en la tramitación y cuestionamientos al rol del ministro Álvaro Elizalde— se sumaron voces que valoraron el avance como un paso necesario para fortalecer la democracia.
MULTAS PARA LOS QUE NO VOTEN
El proyecto establece que quienes no acudan a las urnas deberán pagar entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, entre $34.000 y $103.000.
La cifra es menor a los $206.000 que se aplicaron en los plebiscitos recientes y bastante más baja que lo que proponía el proyecto original de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que fijaba sanciones de hasta $207.000.
No obstante, Pérez fue clara en criticar la manera en que se tramitó la iniciativa.
La parlamentaria destacó la disposición al diálogo que encontró en la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, pero apuntó sus dardos contra el ministro Elizalde, a quien acusó de frenar la discusión.
Pérez también defendió que existan sanciones para quienes incumplan.
"Mucha gente nos planteaba que la multa no debía ser tan baja, para que la gente también vaya a votar. Pero llegamos a un acuerdo, y al menos ahora hay una sanción que da más seriedad al proceso", señaló.
"SIN MULTA, EL VOTO OBLIGATORIO NO TIENE SENTIDO"
El senador Gastón Saavedra (PS) recalcó que la obligatoriedad debía ir acompañada de una sanción real para que el sistema funcionara.
Saavedra advirtió que la baja participación en elecciones anteriores estaba restando legitimidad a las autoridades electas.
"La cantidad de chilenos y chilenas que estaba yendo a votar le restaba validación social a quienes resultaban electos y conformaban el Congreso y otras instituciones del Estado. Por tanto, me parece apropiado que se asuma esta responsabilidad cívica", sostuvo.
CAMBIOS PARA EXTRANJEROS
Junto con la multa, la Cámara aprobó una reforma constitucional que eleva de cinco a 10 años el tiempo mínimo de residencia ininterrumpida para que los extranjeros puedan votar.
La norma regirá a partir de 2026 y busca, según sus defensores, asegurar un mayor arraigo de quienes participen en las decisiones políticas del país.
Actualmente, cerca de 786.000 migrantes están habilitados para sufragar, lo que equivale a un 5% del padrón. En regiones como Tarapacá o la Metropolitana, su peso puede ser decisivo en resultados estrechos.
La diputada Flor Weisse (UDI) respaldó el cambio y aseguró que refuerza la seriedad del sistema.
Por su parte, Saavedra también valoró la medida. "Se exige una estadía mínima de 10 años ininterrumpida en el país. No hay otra opción para garantizar que la participación de extranjeros se dé con real compromiso con Chile", destacó.
CRÍTICAS AL PROYECTO
Desde la oposición, el Partido Republicano fue uno de los sectores más duros contra el Gobierno. El subjefe de bancada, Luis Fernando Sánchez, acusó que la aprobación se logró bajo presión.
A pesar de sus reparos, la colectividad llamó a la ciudadanía a participar masivamente en noviembre.
"Lo importante es que finalmente tenemos voto obligatorio y multa, y están las condiciones para que participe la mayoría de los chilenos", resumió Sánchez.
De cara a las presidenciales, la duda está en cómo votarán quienes concurran solo por obligación, y qué impacto tendrán los cambios en un escenario político marcado por la estrecha competencia.
En palabras de Joanna Pérez: "No podíamos tener un voto obligatorio en la Constitución y no aplicarlo. Era una deuda con la democracia, y aunque costó demasiado, hoy está cumplida".