Una querella criminal por delitos de fraude informático y uso fraudulento de transacciones electrónicas fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, luego de detectarse una serie de millonarias transferencias realizadas desde las cuentas bancarias de un agricultor de la comuna, varias de ellas efectuadas incluso el mismo día de su fallecimiento y en jornadas posteriores.
La acción judicial fue presentada por la viuda del afectado y apunta contra tres mujeres —familiares del fallecido— además de todas aquellas personas que pudieran resultar responsables en el transcurso de la investigación.
Movimientos por más de $470 millones
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la querella, el agricultor mantenía dos cuentas corrientes personales en una entidad bancaria, donde recibía pagos por sus actividades agrícolas.
Previo a su muerte, ocurrida el 31 de mayo de 2024, ambas cuentas registraban altos saldos, superando en conjunto los 400 millones de pesos.
Sin embargo, días antes de su fallecimiento comenzaron a registrarse transferencias electrónicas por montos elevados y cifras cerradas. Solo el 28 de mayo se habrían transferido 100 millones de pesos a distintas cuentas.
Posteriormente, durante la misma jornada del deceso, se realizaron nuevas operaciones bancarias que sumaron otros 210 millones de pesos.
Lo que más llamó la atención de la familia fue que las transacciones continuaron después de la muerte del titular. Entre el 3 y 4 de junio se efectuaron nuevos movimientos electrónicos que terminaron por vaciar prácticamente la totalidad de los fondos disponibles en las cuentas.
En total, el perjuicio económico denunciado asciende a casi 475 millones de pesos.
Transferencias realizadas vía internet
Según sostiene la parte querellante, todas las operaciones se realizaron de manera remota a través de plataformas electrónicas, utilizando las claves personales y credenciales bancarias del titular sin su autorización.
La presentación judicial indica que los involucrados habrían manipulado el sistema informático del banco para concretar las transferencias, obteniendo beneficios económicos personales.
Asimismo, se señala que una de las imputadas, su nieta, mantenía conocimiento previo de las claves bancarias del agricultor, las cuales debían utilizarse únicamente para pagos específicos autorizados por él.
Posible actuación concertada
El documento judicial expone que la gran cantidad de transferencias, su reiteración en el tiempo y la distribución de los montos evidenciarían una presunta coordinación entre los involucrados.
Además, se plantea que la fragmentación de las cifras podría haber tenido como finalidad evitar controles automáticos del sistema financiero.
Delitos investigados
La querella sostiene que los hechos configurarían:
33 delitos de fraude informático
33 delitos de uso fraudulento de transacciones electrónicas
Ambos ilícitos están contemplados en la legislación penal vigente para perseguir delitos económicos cometidos mediante plataformas digitales.
También se invoca una agravante por presunto abuso de confianza hacia un adulto mayor, considerando que parte de los movimientos se realizaron cuando el titular se encontraba con un delicado estado de salud y otros después de su fallecimiento.
Investigación del Ministerio Público
El tribunal deberá revisar la admisibilidad de la querella para luego remitir los antecedentes al Ministerio Público, que quedará a cargo de esclarecer la dinámica de las operaciones bancarias, identificar a los responsables y determinar el destino final de los fondos.
La parte querellante solicitó que, tras la investigación, los responsables enfrenten las máximas sanciones contempladas por la ley.
