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La Tribuna

Proyecto busca prohibir el comercio ambulante en cercanías de edificios públicos

por Nicolás Maureira

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó la iniciativa que fija un rango de 500 metros en torno a edificaciones de instituciones gubernamentales, oficinas de servicios estatales y tribunales de justicia.

Diputados plantearon la iniciativa que modifica la Ley 21.426 sobre comercio ilegal, en medio de críticas a la falta de fiscalización municipal y a la competencia desleal con el comercio establecido. / Freepik

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados conoció esta semana los alcances del proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de comercio ambulante en un radio menor a 500 metros de edificios públicos.

La moción, contenida en el boletín 17108, plantea modificaciones a la Ley 21.426 sobre comercio ilegal y busca resguardar el orden, la limpieza y el libre tránsito en sectores de alta concurrencia ciudadana, como instituciones gubernamentales, oficinas de servicios estatales y tribunales de justicia.

Uno de los autores de la iniciativa, el diputado Jorge Alessandri (UDI), subrayó que el comercio informal en la vía pública representa un problema que afecta a la ciudadanía en distintos niveles.

El parlamentario agregó que la situación se observa con fuerza en el centro cívico de distintas ciudades del país. Por lo mismo, el proyecto busca generar un marco legal más claro para proteger las áreas cercanas a edificios públicos y mantenerlas disponibles para el uso ciudadano.

ROL DE LOS MUNICIPIOS Y VACÍOS DE FISCALIZACIÓN

En la actualidad, son los municipios los encargados de regular el uso de los espacios públicos a través de sus ordenanzas. Sin embargo, el texto del proyecto argumenta que existe una deficiencia en la fiscalización y que el ordenamiento jurídico municipal no ha sido suficiente para enfrentar el avance del comercio ilegal en las calles.

El proyecto establece de forma concreta que no podrá ejercerse comercio ambulante en un radio inferior a 500 metros de cualquier edificio público, buscando resguardar tanto la seguridad de las personas como la operatividad de los servicios estatales.

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