Fiscal Nacional recibirá a familiares de las víctimas de la lancha Bruma

El fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció que se reunirá este lunes en Concepción con los familiares de las siete víctimas desaparecidas de la lancha pesquera Bruma.

Los afectados pidieron un encuentro con Valencia, quien dijo que es conveniente "no obligarles necesariamente a que vayan a Santiago y que sea la propia autoridad la que se traslade para entrevistarse con ellos. Lo hemos hecho en otras oportunidades, precisamente en esta región. Y lo vamos a hacer las veces que sean necesarias".

El fiscal nacional dijo también que "la decisión respecto de la oportunidad para formalizar la investigación y del mérito para hacerlo, de la calificación de los hechos, etcétera,  es una atribución, una responsabilidad de la fiscal (Marcela Cartagena) que se encuentra a cargo de la investigación".

Añadió que "las formalizaciones no se avisan, simplemente se solicitan a los tribunales. Pero efectivamente hay diligencias pendientes, diligencias que son importantes. Actualmente también hay una investigación administrativa paralela a cargo del fiscal de la Autoridad Marítima".

De igual modo, sostuvo que "primero corresponde tratar de establecer con mayor claridad cómo ocurrieron los hechos, agotar más diligencias y luego que una vez que esté claramente establecido cómo los hechos ocurrieron, podrán emitirse una opinión respecto de cuál podría ser la eventual calificación jurídica".

Ángel Valencia respondió a la consulta sobre la pericia que se hará del buque Cobra en un dique seco en las instalaciones de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar), indicando que "hasta este momento, esa pericia en particular, la que se va a realizar en las Asmar, es una pericia que estamos financiando con fondos institucionales".

Cerrando el tema, dijo que "de momento, el presupuesto institucional nos permite hacer eso. Y en este caso, por supuesto que lo amerita (...) los peritajes que el Ministerio Público realiza, se financian, se realizan por las policías, por las autoridades del Estado, o con los fondos de los que disponemos en nuestro presupuesto".

Decretan reserva en la investigación por el atentado a la central Rucalhue

De todos modos, el fiscal nacional dijo que la inv...

MÁRTIRES DE LOS ÁLAMOS

Respecto a la investigación por el asesinato de los tres Carabineros hace un año en Los Álamos, el fiscal nacional señaló que "tal como ha manifestado el fiscal Roberto Garrido, esa investigación ya se encuentra en su etapa final. Los fiscales ya están revisando los antecedentes".

También manifestó que "entiendo que incluso la fecha del plazo judicial de investigación ya se encuentra vencida. Así que muy probablemente, más bien casi con toda seguridad, van a tomar decisiones pronto respecto de presentar la acusación en esa causa".

"Por lo menos desde el punto de vista del Ministerio Público y me consta también desde el punto de vista de las policías, hemos hecho el mayor de los esfuerzos y hemos puesto todos los medios con los que contamos para poder esclarecer los hechos", puntualizó.

"Tengo la convicción también que en el caso de que aún quede por esclarecer si participaron otras personas, si hubo intervención de otros imputados adicionales a los que ya están detenidos, de seguro la Fiscalía va a realizar las diligencias que sean del caso para terminar de esclarecer los hechos. Pero de momento con lo que puede contar la ciudadanía es que hemos hecho nuestros mejores esfuerzos como Ministerio Público para cumplir con esa promesa", concluyó.

EL CASO GUARDIA VIEJA

La conversación del ex asesor del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, con su madre, Claudia Serrano, donde acusa que la ex senadora Isabel Allende presionó al Gobierno para la compra de la casa de su padre, Salvador Allende, en Guardia Vieja, continúa en escalada.

Por tal razón, el diálogo publicado por La Tercera y que la PDI grabó fue abordado por el fiscal nacional ante la consulta de la prensa en la región del Biobío.

Al respecto, Ángel Valencia expresó que "se trataría de una diligencia realizada en el marco de una investigación que tiene carácter reservado. Yo solo he insistido en un punto. Hemos dicho en la investigación del caso ProCultura, en la investigación del caso Guardia Vieja, han tenido niveles de reserva bastante apropiados a lo largo de estos meses".

Sin embargo, manifestó que "lamentablemente, y esto lo hemos dicho, lo voy a decir, e incluso al extremo de la majadería, cuando se vencen los plazos de secreto y reserva y estamos obligados a entregar copias, estos antecedentes supuestamente provenientes de la investigación comienzan a divulgarse y a aparecer en la prensa".

Precisó que "por eso que hemos pedido insistentemente, hemos propuesto, solicitado que se modifique la ley para que no estemos obligados a entregar copias de antecedentes reservados en este estado de la investigación a todos los intervinientes, incluidos querellantes que no son ni siquiera probablemente víctimas de los hechos".

"Lamentablemente, sabemos que con la legislación actual vigente estos hechos suceden. Y disculpen, he dicho en bastantes ocasiones, esto es un problema estructural", indicó.

"Yo no quisiera sostener, y eso me parece que más bien corresponde al fiscal (Patricio) Cooper, afirmar si esos antecedentes (del diálogo de Crispi y su madre) proceden o no proceden de una investigación que siento que es probablemente reservada".

No obstante, explicó que en relación a la situación procesal de la senadora Allende, "yo me permito recordarles que ya en una oportunidad fue citada a declarar a la fiscalía y ella decidió guardar silencio. Si ella ejerce su derecho a guardar silencio es porque tiene la calidad de imputada en la causa. Más allá de lo que en definitiva pueda suceder respecto al destino de la investigación,  pero esa es una situación procesal que hoy día no tiene mayor cuestionamiento".

El fiscal insistió en que "en nuestro sistema de justicia, los fiscales son los que decretan las diligencias, y en ciertos casos estas diligencias de investigación que pueden afectar garantías constitucionales, como por ejemplo la interceptación telefónica, de acuerdo a nuestra ley, eso requiere una autorización judicial".

Ahondó en que "los jueces para este efecto no son notarios, no son simples ministros de fe. El control judicial tiene por objeto apreciar si hay mérito o no hay mérito,  hay proporcionalidad, no hay proporcionalidad, hay justificación o no hay justificación, atendido la gravedad de los hechos que se investigan, la identidad de los antecedentes, la importancia de los antecedentes, y el peso de los antecedentes. Por lo tanto, si un fiscal pide una diligencia, y esa diligencia necesita autorización judicial, y un juez estima que esa autorización judicial no es procedente, es simplemente un mecanismo que establece nuestro sistema de justicia".