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El pacto establece la creación de una Comisión Técnica encargada de evaluar las condiciones para la posible compra del terreno, lo que abre una vía de diálogo para una solución definitiva.
La toma, que alberga a más de 10 mil personas en condiciones precarias, ha sido objeto de un largo conflicto judicial y social, con sentencias que ordenaban su desalojo.
Sin embargo, la presión de organizaciones sociales, la preocupación por la crisis habitacional y la complejidad del desalojo masivo llevaron al Gobierno a negociar una alternativa con los dueños del terreno.
El acuerdo establece tres puntos clave
Creación de una Comisión Técnica: Esta instancia estará integrada por profesionales del área de la construcción y contará con un representante de los propietarios, uno del MINVU y otro de la Ilustre Municipalidad de San Antonio. Su labor será analizar las condiciones de venta del terreno, definir su valor y proponer garantías para concretar la transacción.
Plazo de seis meses: La Comisión tendrá un máximo de seis meses para emitir sus informes y recomendaciones. Durante este periodo, el desalojo quedará suspendido, permitiendo que se busque un acuerdo definitivo.
Venta del terreno como una unidad: En caso de que se concrete la compra, el terreno se venderá en un solo acto, lo que podría facilitar la adquisición por parte del Estado o de una entidad que garantice la continuidad de los habitantes en el lugar.
Uno de los principales obstáculos para una solución definitiva es la falta de consenso sobre el valor del terreno. Mientras los propietarios buscan un precio acorde al mercado, las autoridades evalúan mecanismos para garantizar un costo justo y viable dentro del presupuesto gubernamental.
El acuerdo también establece que, si no se llega a un consenso sobre la compra, la Comisión Técnica definirá las condiciones para un desalojo "razonable y paulatino", lo que podría generar nuevas tensiones con los habitantes de la toma.
En primera instancia, Gobierno deberá presentar este acuerdo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para formalizar la suspensión del desalojo y dar inicio a la evaluación de la compra. Mientras tanto, las familias que habitan la megatoma continúan en la incertidumbre sobre su futuro habitacional.
Esta situación se enmarca en una crisis habitacional más amplia que afecta a Chile, donde miles de familias viven en asentamientos informales debido a la falta de acceso a vivienda digna. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente clave para futuras negociaciones en otros campamentos del país.
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