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La mirada está puesta en el manejo de fondos públicos entre enero y septiembre de 2024 cuando Piñaleo dirigía el municipio cordillerano hasta diciembre pasado (el ex jefe comunal estaba inhabilitado para repostularse).
Según el documento emitido por el órgano fiscalizador, el municipio entregó cerca de 288 millones de pesos en efectivo a vecinos de la comuna sin exigir las respectivas rendiciones de cuentas, por lo que no existirían pruebas que acrediten el destino de los fondos.
De esta manera, se vulneraría la normativa de administración financiera y dejaría en evidencia un eventual uso discrecional de los recursos.
El documento suma y sigue, dentro de las otras inconsistencias detectadas, aparece un pago de 4 millones de pesos a la empresa Copec S.A. sin que se detalle el destino del combustible adquirido.
La Contraloría señaló que no se presentaron documentos de respaldo que acrediten su uso en funciones municipales.
A estas cifras se suman 40 millones de pesos en materiales de construcción que, según la Contraloría, no cuentan con actas de entrega ni tampoco fueron encontradas en ninguna de las dependencias municipales.
También se identificó que el municipio asignó tarjetas de combustible a una camioneta Chevrolet Dmax 4wd 2.5 que no pertenece a la administración municipal ni está en arriendo. De confirmarse, esto podría ser una falta grave, ya que implicaría el uso de dinero público para fines particulares. Además, se evidenciaron inconsistencias en el control de los vehículos municipales, lo que impide un seguimiento efectivo del uso de los recursos.
Por otro lado, el informe indica que existen subvenciones pendientes de rendición por un monto superior a los 668 mil pesos, y que, además, se detectaron irregularidades en el pago de horas extras a funcionarios, quienes habrían recibido remuneraciones en jornadas en las cuales no se tenía ningún registro de su asistencia, hecho que quedó dictado en el informe como una agravante.
Otro hecho llamativo es la participación de una trabajadora municipal en actividades políticas mientras se encontraba con licencia médica. Esta situación podría derivar en sanciones y la exigencia de restitución de los dineros percibidos indebidamente. La normativa vigente prohíbe que un funcionario realice actividades ajenas a su recuperación durante un periodo de licencia médica.
Ante este panorama, la Contraloría ha exigido a la Municipalidad de Alto Biobío tomar medidas inmediatas para corregir las irregularidades, entre las acciones requeridas se encuentra la rendición de cuentas de los fondos entregados, la recuperación de recursos mal utilizados y la instrucción de un proceso disciplinario para establecer responsabilidades.
Se han fijado plazos para que el municipio remita los antecedentes requeridos a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la CGR.
Uno de los puntos más delicados del informe apunta a que se constató que la funcionaria, María Cristina Medina, que ejercía como jefa de gabinete en su administración, era pareja del ex alcalde Nivaldo Piñaleo, con la cuál tiene un hijo en cómun y percibía una renta de 3 millones de pesos.
Además, en el ocaso de su proceso como edil, fue parte de la campaña pólitica de su pareja para postularse como la nueva alcaldesa de Alto Biobío.
Situación que infringiría la Ley de Probidad en la Función Pública, que prohíbe la existencia de relaciones jerárquicas entre funcionarios con lazos familiares o afectivos cercanos, por lo cual Contraloría solicitó antecedentes adicionales para esclarecer el caso y determinar si corresponde una sanción para los involucrados.
Diario La Tribuna se puso en contacto con la Municipalidad de Alto Biobío para consultar por su versión de los hechos ocurridos durante la anterior administración comunal. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
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