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Los senadores por la región comentaron las manifestaciones registradas en las Regiones del Biobío y Araucanía, encabezadas por pobladores, las cuales exigen al Gobierno que vete la Ley de Usurpaciones.
La normativa ya fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados pero el Ejecutivo anunció que, dentro del plazo legal de 30 días, hará uso del mecanismo del veto debido a la discrepancia por el uso de la legítima defensa privilegiada.
A juicio de las organizaciones que se manifestaron en distintos puntos de ambas regiones con cortes de ruta y quema de neumáticos, la normativa legal aprobada por el Congreso es "represiva".
"EL PAÍS NECESITA UN ORDENAMIENTO JURÍDICO"
Al respecto, el senador Gastón Saavedra puso hincapié en que "el país necesita un ordenamiento jurídico que sancione como corresponde las usurpaciones", pero se mostró partidario del uso del instrumento del veto presidencial "respecto del uso de la fuerza en términos privilegiados, porque ello lleva al enfrentamiento entre chilenos, a que hayan grupos paramilitares para proteger a aquellos que sienten que han sido dañados en la toma de sus bienes, y eso no corresponde".
A su juicio, tampoco corresponde que existan grupos de presión que "pretenden saltarse la fila. Para eso el Ministerio de Vivienda y el Estado tienen planes y programas para ir avanzando en la superación de las dificultades de familias que viven en campamentos, o que no tienen su vivienda definitiva, ese es un trabajo que tenemos que hacer entre todos".
"RESPONDEN A UN INTENTO DE MANIPULAR"
Por su parte, el senador Enrique Van Rysselberghe precisó que "las manifestaciones contra la ley de usurpaciones me parece que responden más a un intento por manipular políticamente una ley apoyada ampliamente en el Congreso y que busca solucionar un grave problema que está presente en todo Chile, como son las tomas ilegales de terrenos públicos y privados".
El legislador hizo ver que "hacer creer que la ley de usurpaciones tiene por objetivo combatir o erradicar los campamentos, es un burdo intento por politizar una política pública que es necesaria para regularizar un tema que hoy está significando miles de estafas y hasta asesinatos por tomas de terrenos, como lo fue el dramático caso de la Región de Valparaíso que implicó un dramático sicariato al respecto".
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