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La diputada del distrito 21 del partido Demócratas, Joanna Pérez Olea, se refirió a la controversia generada por el proyecto de ley de usurpaciones, asegurando que debido a la realidad en la Macrozona Sur se exige "extremar la legislación".
Aunque la iniciativa legislativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, el Ejecutivo anunció que hará uso del derecho a veto debido a las discrepancias en torno al uso de la legítima defensa privilegiada.
La legisladora contextualizó el tema, haciendo ver que "el derecho de propiedad es especialmente relevante en los momentos en que vive nuestro país y en los temas delictuales en la zona de Biobío, Araucanía y Arauco. La gente tiene mucho miedo producto de la inseguridad, donde pareciera que el delincuente hoy día tiene más instrumentos para escabullirse o mantenerse en la impunidad".
Por eso, añadió, "junto a distintos parlamentarios apoyamos una iniciativa que es parte de las 31 medidas, que surge el año 2020 por parlamentarios y senadores de derecha, pero que el Gobierno la levanta y pide un acuerdo por la seguridad, por lo que lo sube a la mesa".
Según Joanna Pérez, "lo que al Gobierno no le gusta son dos o tres temas que probablemente pueden ser porque se vio tironeado por el Partido Comunista y al Frente Amplio, que no acompañaron esta ley, no la querían. Poco a poco se fue conversando, y el Gobierno le pidió a un senador de izquierda y a un senador de derecha que pudieran trabajar una propuesta".
En relación al polémico artículo de la legítima defensa privilegiada, la diputada aseguró que "no puedo empatizar ni adherir a lo que el Gobierno busca, primero, porque cuando hablamos de legítima defensa privilegiada, probablemente no les gusta, pero creo que hoy día es necesario ya que, de lo contrario, la gente puede decir que por defender lo que les corresponde podrían salir perjudicados o llegar hasta la cárcel".
En ese punto, citó el homicidio del matrimonio Luchsinger "o lo que nos pasa en Contulmo o Tirúa en donde le dicen a la gente ‘o te vas o te quemamos’. Así amenazan a la gente en nuestros territorios, entonces cuando no sabes si al otro día vas a amanecer vivo o te van a quemar todo, hay que extremar la legislación, y aquí los jueces, las policías y la fiscalía van a tener que hacer lo suyo también".
Uno de los temas abordados en el proyecto de ley es la extensión de los tiempos para la acción de las policías, puntualizando que "cambiamos el periodo de las 12 de flagrancia, que también en esas 12 horas Carabineros u otra institución no llega cuando la víctima solicita apoyo por un tema de distancia o están en otros cometidos o no hay personal, entonces tenemos que actualizarnos también, y creo que son temas necesarios".
La diputada Joanna Pérez abordó también un eventual veto presidencial a esta iniciativa. "Lamento que el Gobierno haya señalado que va a vetar esta ley. Es lo mismo que hizo (Sebastián) Piñera cuando no le gustaban las leyes y también vetó varias iniciativas. Ya lo hemos vivido, vamos a tratar de insistir en nuestras posturas y esperamos contar con los apoyos y los votos, porque no olvidemos que estas son normas constitucionales".
Al ser consultada sobre la señal del Ejecutivo hacia la población con esta acción, precisó que "es una pésima señal porque la gente dice ‘quién nos defiende’ o ‘de lado de quién está el gobierno’. El Ejecutivo tiene su justificación y creo que es muy atingente pero también debe respetar la democracia que está representada en el Congreso. Eso no lo está respetando, y yo espero que al menos lo entienda y que esta ley cuenta con acompañamiento y apoyo, y si el Presidente incluye un veto presidencial, creo que está haciendo todo lo contrario a lo que él reclamaba cuando fue diputado".
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