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Durante la jornada de este lunes 3 de julio, la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo anunció la conformación de un equipo de expertos y expertas que buscará velar por la probidad e integridad de los tratos con instituciones privadas sin fines de lucro.
Esta iniciativa del Gobierno ingresa en medio del escándalo del Caso Convenios, polémica que destapó traspasos de fondos irregulares entre la fundación Democracia Viva y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. Situación que se mantiene en investigación y que provocó que otras fundaciones como Urbanismo Social, entraran en la lupa de Contraloría y Fiscalía.
Sobre la misma, enfatizó que "las responsabilidades políticas, cuando se detectan, se hacen valer, y la responsabilidad administrativa también se harán valer en la medida que tenemos el resultado tanto de las investigaciones sumarias como de los sumarios administrativos".
Asimismo, especificó que el proyecto contará con la coordinación del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, liderado por Álvaro Elizalde.
De esta manera, la misión de esta comisión será "establecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro, estamos hablando de corporaciones y fundaciones donde primen los principios de transparencia, efectividad, eficiencia, rendición de cuentas de los convenios de colaboración que surgen entre estas entidades y el Ejecutivo", explicó.
Los expertos y expertas que integran esta nueva comisión está conformado por María Jaraquemada; Ramiro Mendoza, ex contralor general de la República; Ignacio Irarrázaval; Francisco Agüero; Francisco Agüero; Jeannette von Wolfersodorff y Valeria Lübbert.
Por su parte, Vallejo detalló que el equipo de expertos identificará "las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado".
Además, buscarán "proponer mecanismo de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación de dichas instituciones con el Estado, que faciliten el conocimiento de la ciudadanía sobre el uso de los fondos que se entregan a estas entidades".
"Proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de las instituciones, para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos", precisó
Por su parte, otro de los desafíos será "revisar los mecanismos de control y rendición de cuentas, así como propuestas para prevenir los conflictos de intereses". A lo que sumó, que como comisión tendrán que "Proponer sanciones para el mal uso de los recursos públicos por parte de dichas entidades".
En su declaración, la ministra manifestó que "cada requerimiento de información será entregado con 5 años de antigüedad, insistimos esto tiene que ser caiga quien caiga. Esto no se trata de superioridad moral, se trata de cómo actuamos, del estándar de actuación que hacemos valer ante posibles irregularidades. Esto incluirá a la administración del expresidente Sebastián Piñera".
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