Avanza proyecto sobre derechos de aprovechamiento de aguas

En búsqueda de solucionar una necesidad latente para las pequeñas comunidades agrícolas, la Comisión de Recursos Hídricos aprobó en general el proyecto que prorroga el plazo establecido en la Ley 21.435, para la inscripción y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.

Las propuestas legales proponen ampliar el plazo establecido en la citada normativa desde los 18 meses fijados a tres o cinco años. Así, será misión del grupo parlamentario fijar el tiempo que finalmente operará para este proceso.

En sus fundamentos, las iniciativas explican la preocupación expresada por diversas organizaciones del mundo rural. Estas señalan que el plazo no es suficiente para que todos los titulares de estos derechos formalicen su situación. Esto, dado que, primero, se les debe informar sobre el requerimiento y, luego, deben realizar el trámite. La preocupación es que caduquen sus derechos de aguas por falta de información.

La diputada Nathalie Castillo (PC) señaló que es importante, en el marco de este proceso de tramitación, mejorar los mecanismos para la obtención de esta prorroga de inscripción y regularización. “Nos han solicitado que sea el propio Estado que colabore en esa regularización”, comentó.

Sobre el punto, Carlos Estévez, coordinador Hídrico del Ministerio de Obras Públicas, dijo que comparten la idea de legislar de la iniciativa. Asimismo, planteó que es una oportunidad para resolver vacíos en el ámbito regulatorio.

Por su parte, el director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), Santiago Rojas, resaltó que se han realizado esfuerzos importantes para que los pequeños productores puedan realizar su inscripción.

Comunicó que están trabajando en una serie de medidas para apoyar la regularización de derechos de aguas de pequeños agricultores. Añadió que la estrategia que están trabajando se denomina “Agua en Regla”.

Rojas indicó que esta estrategia incluye un “Bono Legal de Agua”, que cuenta con un presupuesto de 2.700 millones de pesos para trabajar con cinco mil usuarios/as de Indap. El objetivo es apoyar con una asesoría legal para ir regularizando los derechos de las y los campesinos.