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Luego de ocho días de movilizaciones en distintas rutas del país y una serie de negociaciones, sin acuerdo, la noche del pasado lunes 28 de noviembre se concretó la firma de un documento que puso fin a la paralización de los camioneros descolgados, de la confederación Fuerza del Norte.
Tanto el Gobierno, como los gremios de transportistas y el sector privado lograron lo anterior, siendo un factor clave el consenso y el cierre definitivo del conflicto, la participación del empresariado, en especial el presidente de la CPC, Juan Sutil.
El principal cambio en comparación con el documento firmado el domingo entre la CNTC y FedeQuinta, es que se busca adecuar las eventuales alzas en el precio del combustible respecto de los generadores de carga del transporte, con el foco en que los camioneros de menor tamaño no se vean afectados. También se incluyó un plan operativo con Carabineros para mejorar la seguridad de siete puntos entre Arica y Coquimbo, así como también construir seis zonas de descanso para los transportistas durante 2023 en la Macrozona Norte.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, valoró el fin de la movilización, indicando que se le estaba exigiendo al Gobierno algo de lo cual se tenía que hacer cargo el sector privado y me parece muy bien que la CPC se haya hecho cargo. Las medidas que el Gobierno ha propuesto no han cambiado, hemos precisado las zonas de estacionamiento, descanso .
En el acuerdo firmado el domingo, se detalló que el Mepco continuará vigente mediante el reseteo límite establecido por ley, con un nuevo umbral de US$1.500 millones, y la presentación de un proyecto de ley para mantener sin cambios el precio del diésel por un plazo de 120 días. A lo anterior se le sumó la extensión del beneficio de reintegro parcial del impuesto específico por al menos un año y la conformación de una mesa tripartita para abordar mecanismos que permitan que eventuales fluctuaciones de los combustibles sean reflejados en las tarifas de los generadores de carga del transporte.
Sutil valoró el acuerdo alcanzado y sostuvo que es algo histórico, ya que se comienza una etapa de diálogo intenso entre el sector privado, el Gobierno y los camioneros. Sin perjuicio de lo anterior, Monsalve ratificó que no retirarán las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado presentadas por las complicaciones que se han generado en las distintas rutas del país. En total, el Gobierno emitió 34 querellas mediante esta herramienta, que solo puede activar el Ministerio del Interior. De estas 22 están individualizadas, seis de las cuales tienen diez imputados formalizados. De 20 detenidos se confirmó que cuatro fueron capturados en Arica y Parinacota, uno en Tarapacá, dos en Antofagasta, ocho en Coquimbo, cuatro en Valparaíso y uno en Los Lagos.
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