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Política

Las distintas aristas de la seguridad pública según la propuesta constitucional

Son diferentes las miradas e interpretaciones, a la hora de plantear si se garantizará a la ciudadanía una adecuada ejecución de las acciones del Estado en materia de seguridad pública.


 Por Salomón Bobadilla

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Sin duda, las medidas que se plantean en torno a la Seguridad Pública y sus eventuales implicancias han formado parte de la discusión de la propuesta de nueva Constitución.

En este sentido, los aspectos que rodean esta normativa estuvieron presentes en el conversatorio del fin de semana recién pasado, realizado en dependencias de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles por iniciativa de diario La Tribuna y radio San Cristóbal. Como se ha informado, en la ocasión participaron los ex convencionales Javier Fuchslocher, Fuad Chahin y Tammy Pustilnick, acompañados por el cientista político Bryan Smith.

Uno de los aspectos que se abordaron tuvo su sustento en el artículo 365, inciso 6 de la propuesta constitucional, donde se indica que será el Ministerio Público el que podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el artículo 296, inciso 1 de la misma propuesta, sostiene que a la Presidenta o al Presidente de la República le corresponde la conducción de la seguridad pública a través del ministerio correspondiente.

Para entender esto, de manera de garantizar a la ciudadanía una adecuada ejecución de las acciones del Estado en materia de seguridad pública, se esbozaron distintas miradas e interpretaciones.

SEGURIDAD: UN DERECHO FUNDAMENTAL

El ex convencional Javier Fuchslocher explicó que “en el caso de seguridad pública primero hay que relevar el artículo 53, donde la propuesta señala que la seguridad es un derecho fundamental. Partiendo de esa base, donde se garantiza el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, es que tenemos el resto de la estructura del articulado”.

A lo anterior, sumó que se establece el Ministerio Público como parte de la persecución de los delitos, “pero también entendiendo que tenemos que tener policías que cumplan el rol que deben cumplir”.

Fuchslocher sostuvo que “el Presidente de la República es el responsable de una política de seguridad pública, obviamente delegando en aquellos ministerios en los cuales deba delegar esta función, como ocurre hoy día con el Ministerio del Interior; y en esta bajada, siguiendo la lógica hacia las fiscalías, que van a poder proponer metas y funciones a las policías para que coordinadamente puedan tener una acción mucho más profunda y certera respecto de seguridad”.

De igual manera, el ex convencional citó el Artículo 113, que menciona la creación del Servicio Integral de Acceso a la Justicia. “Una persona que es víctima de un delito, si no tiene el dinero para acceder a un abogado, no puede ser parte de la querella”, precisó, añadiendo que el citado servicio tendrá por función “prestar asesoría, defensa y representación letrada de calidad a las personas, así como también brindar apoyo profesional de tipo psicológico y social en los casos que corresponda”.

Javier Fuchslocher también argumentó que “esta propuesta de nueva Constitución recoge una de las falencias más grandes que tiene la Constitución del 80, y es respecto de la protección de niños, niñas y adolescentes”. En su opinión, el texto se hace cargo no solo del problema final, sino que además “de la desigualdad que produce que tengamos nichos de delincuencia”.

EN DESACUERDO CON LAS NORMAS PLANTEADAS

Respecto a lo planteado, el ex convencional Fuad Chahin expuso que según la propuesta de Carta Magna, “los delincuentes tienen un órgano constitucional autónomo para su defensa -la Defensoría Penal- y las víctimas no lo tienen”.

Agregó que “hay un estatuto de los derechos de los privados de libertad. Incluso, si son sometidos a prisión preventiva y luego no son condenados, hay que compensarlos económicamente por cada día que estuvieron presos, según el Artículo 121. Esto es distinto a cuando hay error judicial, que está en el Artículo 122”.

La preocupación de Fuad Chahin también estuvo centrada en el debilitamiento que podría afectar a las policías. “Como no está regulado en la Constitución, el día de mañana y con mayoría simple, el Congreso de Diputadas y Diputados va a poder establecer otras policías o desnaturalizar completamente estas policías, que además se dice que son no militarizadas, como es el caso de Carabineros, cuando el crimen organizado es cada vez más militarizado”.

De igual manera, el ex convencional consideró “gravísimo” lo contenido en el Artículo 299, indicando que “las Fuerzas Armadas solamente van a poder defendernos en caso de una agresión externa y estar en misiones de paz. El día que entre a regir esta nueva Constitución, las Fuerzas Armadas tienen que dejar de colaborar con Carabineros en el control de nuestras fronteras, cuando tenemos un tremendo problema con la migración ilegal”.

A lo anterior, se sumaría el que las Fuerzas Armadas no podrían involucrarse en el control marítimo “con todo el narcotráfico y contrabando que existe” alertó Chahin. “Me parece que estas normas van contra todo sentido común, aquí el ideologismo le ganó al sentido común y estamos amarrándole las manos al Estado para enfrentar una de las principales amenazas que tenemos, que es el crimen organizado”.

“UN AVANCE IMPORTANTE”

Para la ex convencional Tammy Pustilnick, está claro que el tema de la seguridad pública “nos inquieta a todas y todos. El principal problema que tenemos es un tema de coordinación; por lo tanto, lo que nos propone esta Constitución es que se hace cargo de establecer específicamente que es el Presidente el encargado de la seguridad pública”.

Para la ex convencional, el texto redactado “se hace cargo de hablar de seguridad pública, la Constitución actual habla del orden público. La seguridad pública aborda mucho más, incluye el orden público, la investigación, el control de fronteras, labores preventivas. Entonces, es un avance importante”.

Finalmente, Pustilnick precisó que la propuesta también habla “de políticas de prevención de la violencia y el delito”, haciéndose cargo del problema y otorgando “herramientas de coordinación, porque eso es lo que nos falta hoy en día”.

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