Denuncian déficit de 41 mil viviendas en la región de Bío-Bío: Un 6.4% del total nacional

En sesión especial solicitada por la diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI), donde se analizó el grave déficit habitacional que afecta al país y las actuales y futuras políticas que implementará el gobierno para mejorar el acceso a la vivienda y las condiciones de habitabilidad, con énfasis en las medidas, beneficios y programas y subsidios destinados a los sectores más vulnerables de la población, la legisladora acusó que específicamente en la región de Bío-Bío existe un déficit de 41 mil viviendas, correspondiente al 6,4% del total nacional.

La legisladora enfatizó que se ha podido constatar que el déficit habitacional es altísimo y de sostenido aumento, y que su cifra no es del todo exacta, ni menos fija en el tiempo.

La diputada precisó que el encarecimiento de los arrendamientos, el aumento de la población inmigrante y la explosiva inflación, entre otras causas, han provocado el desplazamiento de miles de familias vulnerables a vivir en campamentos, en un hogar en calidad de allegado o en condiciones de hacinamiento", subrayó.

En ese contexto, la parlamentaria indicó que el Plan Emergencia Habitacional es  ambicioso si pretende abordar el déficit habitacional con la entrega de 260.000 viviendas, de las cuales poco más de 18 mil serán de arriendo protegido, pero no propia.

El Plan requiere de un sentido de realidad que no puede soslayarse. Si bien considera enfrentar la escasez de suelos urbanos disponibles para viviendas, con el Banco de Suelos, éste no debe olvidar la situación de las PYMES que contratan con el Estado para la construcción de viviendas sociales, agregó.

Sin ir más lejos, la diputada Pérez afirmó que con la actual situación social y económica de nuestro país, el Plan Emergencia Habitacional corre el riesgo de quedar desactualizado, no solo en cuanto a la cifra del déficit habitacional fijado, sino que también en el financiamiento requerido para esas 260.000 viviendas prometidas.

Por ello, la representante del Distrito 20 señaló que el Estado debe considerar un reajuste permanente de los precios ofertados para la construcción de vivienda y de obra pública, y que en caso de no hacerlo, a juicio de la diputada Pérez, las licitaciones públicas comenzarán a decaer en desiertas, sin interesados, y las obras que están actualmente en ejecución podrían quedar a medio terminar, abandonadas, por quiebra del constructor adjudicado, debiendo el Estado soportar el mayor valor que implica terminar esa obra pendiente.