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La Tribuna

Diputados opositores presentaron Acusación Constitucional contra el Presidente de la República

por Benjamín Ahumada

Encabezada por el Partido Comunista, el libelo de más de 100 páginas pretende buscar la culpabilidad del Jefe de Estado en las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.

Acusación Constitución /

En paralelo pretende que el mandatario se haga responsable por el daño que ha sufrido la imagen país en el mundo desde el 18 de octubre, día en que comenzó el estallido social.

La reacción de las fuerzas de orden y seguridad anteriores al Decreto de Estado de Emergencia y el trabajo de las mismas tras el levantamiento de ésta, pusieron en la alerta internacional un tema que apareció a ojos de la opinión pública nacional y mundial, como son las evidentes violaciones a los Derechos Humanos.

Por lo mismo, en medio del estallido social, se pidió la cabeza del ministro del Interior Andrés Chadwick, responsable vertical en el mando de las policías, mientras todavía cumplía la función en La Moneda.

En paralelo, los diputados de oposición anunciaron que presentarían dos acusaciones constitucionales, una contra Chadwick y la segunda contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

La primera ya está en curso y podría votarse en sala el 26 de noviembre, la segunda ingresó ayer al Parlamento, convirtiéndose en otro hito de la historia de esta crisis.

EL INGRESO DE LA ACUSACIÓN

Fueron 11 los diputados que firmaron la acusación constitucional contra el Presidente de la República, cifra más que necesaria para declarar al libelo como admisible y someterlo a una comisión especial que funcionará en paralelo a la que investiga el comportamiento del ex jefe de gabinete del Mandatario.

En cuanto a los responsables, el documento que ingresó a la Cámara Baja fue firmado por los diputados Carmen Hertz y Camila Vallejo del PC, los socialistas Jaime Naranjo y Emilia Nuyado, además de Jorge Brito de Revolución Democrática, Claudia Mix del Partido de los Comunes, el humanista y ex candidato presidencial Tomás Hirsch, la PPD Carolina Marzán, además de Gael Yeomans y Vlado Mirosevic.

A través de un documento de más de 100 páginas, los diputados esperan que el Presidente de la República no sólo dé cuenta de las violaciones a los Derechos Humanos que se denuncian en el marco del conflicto social en esta presentación, sino también sobre la imagen país, que según los parlamentarios opositores también se ve dañada.

El ingreso del documento fue encabezado por la diputada y abogada comunista Carmen Hertz, quien es una mujer reconocida por el trabajo que realizó durante la dictadura y posterior a ella en los temas ligados a los Derechos Humanos.

La parlamentaria explicó que la acusación contra Piñera se fundamenta en graves, reiteradas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado durante el último mes y por haber comprometido gravemente el honor de la nación, dada la preocupación expresada por la comunidad internacional.

Tras llamar a la firma de todos los diputados patrocinantes, Hertz recalcó que no es posible que en este país se siga con la impunidad política, moral y social.

Aunque los socialistas no formaron parte de la redacción de esta histórica presentación, ya habían adelantado que estarían presentes en ella por un tema interno y moral.

Así, fue el diputado Jaime Naranjo quien representó a los socialistas, tal como lo hizo Carolina Marzán con el Partido Por la Democracia.

En cuanto a la ausencia de la DC en las firmas, fue la diputada Joanna Pérez quien ya había advertido que estudiarán bien la acusación antes de pronunciar opinión sobre ella, sabiendo, eso sí, que han existido abusos de fuerza que ya están a disposición de la justicia.

Así entonces, Jaime Naranjo detalló que algunos han señalado que esta acusación constitucional no tiene sentido, porque lo más probable es que esté perdida, puede ser cierto, pero lo importante de esta acusación constitucional es que estamos notificando al actual presidente Sebastián Piñera y a los futuros presidentes de Chile que nunca más (habrá) graves violaciones a los Derechos Humanos.

EL TRÁMITE DEL DOCUMENTO

El sitio de la Cámara de Diputados ha entregado de manera detallada el camino que seguirá la Acusación Constitucional contra Piñera.

El libelo fue ingresado ayer y la sala lo analizará hoy.

De acuerdo a los plazos establecidos en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, mañana miércoles 20 de noviembre (hoy) se dará cuenta en la Sala de la Cámara de Diputados el ingreso del libelo acusatorio, momento en el cual se deberá sortear a los cinco legisladores que integrarán la comisión que estará encargada de evaluar el mérito jurídico de la presentación.

Posterior a ello, indica el sitio, existen tres días para notificar al Mandatario. El tema se puede hacer personalmente o por cédula (notificación). Una vez realizado el trámite, Sebastián Piñera no podrá salir del país mientras esté vigente el proceso.

A partir de la notificación, el Presidente Sebastián Piñera tendrá un plazo de diez días para concurrir ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito, agrega el texto.

Finalmente se aclara que: La instancia, a su vez, desde el momento de dicha comparecencia, tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el libelo a disposición de la Sala de la Corporación, la cual lo votará a fines de la primera quincena de diciembre.

REPRESENTANTES DEL DISTRITO 21

El distrito 21 está representado por cinco diputados: dos oficialistas y tres de oposición.

Por los partidos de Gobierno están Cristóbal Urruticoechea de Renovación Nacional e Iván Norambuena de la UDI. En la otra vereda el socialista Manuel Monsalve, la democratacristiana Joanna Pérez y el radical José Pérez, quien hasta el cierre de esta edición no pudo ser ubicado.

Así, a modo de síntesis, el hecho histórico fue criticado por los representantes oficialistas del distrito 21, mientras que el socialista Manuel Monsalve reiteró que la acusación chocará en el Senado pues el bloque opositor no cuenta con los votos necesarios para seguir adelante y la representante de la DC, Joanna Pérez, dijo que su partido reconoce la existencia de los excesos de las policías por lo que estudiarán el documento antes de emitir juicios.

EL OFICIALISMO

El primero en conversar con La Tribuna fue el diputado gremialista Iván Norambuena, quien reiteró su pensamiento sobre la necesidad de responder a un grupo determinado de la política chilena.

En cuanto a su colega Cristóbal Urruticoechea, la presentación no fue diseñada para dar respuesta a las demandas sociales, dejando entrever un pensamiento similar al de su compañero oficialista.

La acusación para pedir la destitución del Presidente de la República no resuelve en nada la crisis social y política del país. Es más, sólo desviará el tema de fondo que es buscar soluciones concretas y oportunas a los dolores de la gran mayoría, explicó.

Al igual que el socialista Manuel Monsalve, Urruticoechea sabe que la acusación no avanzará en el Senado: Por otro lado, no creo que cuente con los votos necesarios ya que se trata de una iniciativa sesgada que intenta desestabilizar la institucionalidad y lo que menos necesitamos hoy es eso.

Para el diputado de Renovación Nacional la prioridad es avanzar en las agendas sociales: Lo importante ahora es avanzar rápidamente en las principales demandas de la ciudadanía, correcciones que son posibles con iniciativas provenientes del Ejecutivo con apoyo de los parlamentarios.

Además, es clave enfocarnos en conducir un adecuado proceso participativo si es que la mayoría expresa en abril que prefiere reemplazar la actual Constitución.

LA OPOSICIÓN

Siempre pensando en el tema del Senado, quien además es jefe de la bancada socialista insistió en recordar que la derecha tiene los votos para detener la acusación en la Cámara Alta: La actual Constitución establece que para aprobar una acusación constitucional contra un Presidente de la República se requieren 2/3 del Senado y, quiero ser muy franco, la oposición no tiene 2/3 en el Senado, o por decirlo de otra manera, los senadores de Gobierno tienen los votos suficientes para impedir que esta acusación se apruebe en el Senado.

El socialista también ayudó a comprender que la Cámara sólo recibió y estudia la acusación, pero son los senadores los que deciden si existe o no culpabilidad: La Cámara de Diputados lo que hace es habilitar la acusación constitucional, es decir, si es que la aprueba puede decir que hay fundamentos para acusar al Presidente de la República, pero quienes finalmente actúan como jurado, o sea aquellos que determinan si es culpable o inocente, es el Senado.

En cuanto la DC, su vicepresidenta nacional y representante del distrito 21, Joanna Pérez, aseguró que como bancada vamos a analizar en detalle esta acusación. Creemos que, quizás, no viene en el mejor momento porque estamos trabajando para restablecer la paz, por los grandes acuerdos para la ciudadanía, pero tampoco podemos soslayar las violaciones a los Derechos Humanos, por lo tanto vamos a analizar en su estricto mérito como bancada esta acusación constitucional.

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